El juez en los contencioso administrativo federal Martín Cormick rechazó el pedido presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para anular la aplicación del protocolo antipiquetes en la próxima marcha de jubilados que se realizará el miércoles. Sin embargo, Cormick adelantó que «vigilará» la marcha para evitar abusos por parte de las fuerzas de seguridad.
Desde CELS y otras organizaciones como Amnistía Internacional y el Sindicato de Prensa de la ciudad de Buenos Aires (Sipreba) advirtieron que el protocolo «vulnera derechos constitucionales como la libertad de expresión o reunión, garantizados por la Constitución Nacional y tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos».
Las organizaciones reclamaron al Ministerio de Seguridad, bajo las ordenes de Patricia Bullrich, que «respete y garantice el derecho a la vida, integridad personal, salud y libertad de expresión a los participantes de estas protestas». A pesar de esto, Cormick aseguró que el pedido implicaría intervenir en las decisiones del Poder Ejecutivo. «No es tarea del Poder Judicial intervenir en las competencias del resto de poderes estatales«, afirmó.
Mas, el juez consideró los violentos hechos que tomaron lugar el pasado miércoles 12 durante la marcha y que dejaron un saldo de 124 personas detenidas y al menos 46 heridos, entre ellos 26 efectivos de las fuerzas de seguridad y el reportero gráfico Pablo Grillo, quien se encuentra internado en estado de gravedad por una fractura craneal con pérdida de masa encefálica.
"El juez decidió hacer una observación presencial de la protesta del miércoles"
— Corta ? (@somoscorta) March 17, 2025
En la conferencia de Argra por la agresión a Pablo Grillo, la directora del CELS, Paula Litvachky, informó que se presentó una cautelar "para que se proteja la manifestación". pic.twitter.com/cKGqLXjsiW
«El Tribunal no desconoce ni es impasible a los desgraciados hechos de público conocimiento sucedidos el pasado 12 de marzo», manifestó el escrito y agregó: «Estos no parecen adecuados a los principios republicanos consagrados en la Constitución Nacional y las leyes supranacionales que constituyen la ley suprema de nuestro país».
Cormick adelantó que, ante la incertidumbre por lo que sucederá durante la marcha el próximo 19 de marzo, «el tribunal observará presencialmente y con suma atención todo lo que acontezca a efectos de incorporar de oficio toda prueba relativa a conductas o hechos que resulten procedentes para resolver la cuestión del planteo de inconstitucionalidad de la Resolución 943/2023 del Protocolo de Seguridad».
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