El exintendente de La Plata Julio Garro fue imputado por el Juzgado de Garantías N°5 Departamental en una causa que investiga una presunta asociación ilícita. Se lo acusa de haber autorizado la construcción de barrios privados en zonas no habilitadas, lo que habría generado un perjuicio millonario.
Exfuncionarios y empresarios en la mira
Garro, dirigente del PRO, perdió la reelección en 2023 frente a Julio Alak. Luego, fue designado subsecretario de Deportes en el gobierno de Javier Milei, cargo que ocupó hasta julio de 2024, cuando fue desplazado tras exigirle a Lionel Messi que se disculpara con Francia por cantos racistas y homofóbicos de algunos jugadores de la Selección.
El fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta ordenó allanamientos en distintas propiedades, incluida la casa del exintendente. Se le imputan los delitos de asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica de documento público y administración fraudulenta.
Un millonario negocio bajo sospecha
Según la investigación, el exjefe comunal habría actuado en complicidad con funcionarios de su gestión y empresarios privados. Juntos impulsaron desarrollos urbanísticos en zonas no autorizadas, sin contar con la habilitación correspondiente, por un monto que supera los u$s1.500 millones. La causa está en manos de la jueza Marcela Garmendia.
El diario El Día de La Plata informó que se realizaron cinco allanamientos y once órdenes de presentación, que abarcaron empresas y domicilios de exfuncionarios. El fiscal estima que el perjuicio económico para privados y el municipio asciende a $700.000 millones.
La Fiscalía busca probar que Garro encabezaba la organización. La evidencia sugiere que las irregularidades comenzaban con la aprobación de los barrios privados mediante ordenanzas o decretos a cambio del 20% de los lotes. Luego, se autorizaban las obras de infraestructura (pavimento, agua, luz y gas), siempre que se contrataran empresas vinculadas a exfuncionarios del exintendente.
La investigación también revela la apertura de inmobiliarias en La Plata, Bariloche y Punta del Este para comercializar los terrenos. Si se comprueba su responsabilidad, Garro podría enfrentar severas penas judiciales.
