La denuncia presentada por el Ministerio de Seguridad de la Nación contra la jueza Karina Andrade, quien ordenó la liberación de más de 100 detenidos tras los incidentes en el Congreso, podría ser tramitada en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Así lo dictaminó el fiscal federal Eduardo Taiano, quien sostuvo que el caso no corresponde al fuero federal.
El Ministerio de Seguridad, a través del funcionario Fernando Soto, denunció a la jueza Andrade por los presuntos delitos de prevaricato, omisión de los deberes de funcionario público y encubrimiento. La presentación radicada en Comodoro Py cuestiona la decisión de la magistrada de ordenar la liberación de 114 detenidos sin supuestamente evaluar las pruebas ni los antecedentes de los implicados.
Sin embargo, el fiscal Taiano dictaminó que la causa debe tramitarse en el ámbito porteño y no en la Justicia federal. Argumentó que Andrade no es funcionaria del ámbito federal y que los hechos denunciados corresponden a la competencia de la Justicia Penal de CABA.
En su dictamen, Taiano citó jurisprudencia de la Sala I de la Cámara Federal porteña, que respalda su postura al sostener que los delitos cometidos contra la administración pública por parte de funcionarios locales deben ser juzgados en la órbita judicial de la Ciudad.
Los argumentos del Ministerio de Seguridad
La denuncia del Gobierno acusa a Andrade de haber actuado de manera “arbitraria” al liberar a los detenidos de la marcha del 12 de marzo. Es decir, sin haber analizado las pruebas ni respetado el procedimiento de flagrancia. Según el Ministerio de Seguridad, la jueza habría tomado su decisión de manera irregular, interfiriendo en un proceso que es competencia exclusiva del MPF.
En este sentido, se señaló que en los procedimientos de flagrancia, cuando una persona es detenida en el acto de cometer un delito, es el fiscal quien debe evaluar la detención y confirmar si hay elementos suficientes para continuar con el proceso. Andrade, según la denuncia, tomó la decisión sin revisar las actuaciones, sin verificar los antecedentes penales de los detenidos y sin el control probatorio correspondiente.
El delito de prevaricato y el futuro de la causa
Uno de los puntos centrales de la denuncia es la acusación contra la jueza por presunto prevaricato. Se trata de un delito que implica la emisión de fallos contrarios a derecho de manera intencional. Taiano recordó que la competencia para este tipo de delitos cometidos por funcionarios de CABA fue transferida a la Justicia porteña mediante la ley 26.702.
El fiscal federal concluyó que mantener la causa en la órbita de Comodoro Py sería indebido. En consecuencia, solicitó a la jueza María Servini que remita las actuaciones a la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad. Ahora, será la magistrada quien decida si acepta el pedido de Taiano y traslada el expediente al ámbito porteño.
