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POLÍTICA

Cambios de seguridad para la marcha: priorizarán a la Justicia Federal si hay detenidos

Las reuniones realizadas entre lunes y martes incluyeron a los jefes de las fuerzas federales y representantes de la Policía de la Ciudad.

Seguridad
La UCR repudió la represión a jubilados en el Congreso y apuntó contra Patricia Bullrich para generar un clima de violencia.

En el marco de la marcha convocada para este miércoles en las inmediaciones del Congreso, el Ministerio de Seguridad de la Nación dispuso un nuevo esquema de operativos y estrategias judiciales. Las reuniones realizadas entre lunes y martes incluyeron a los jefes de las fuerzas federales y representantes de la Policía de la Ciudad. Entre los principales cambios, se decidió priorizar la intervención de la Justicia Federal en caso de incidentes y detenciones.

Uno de los aspectos que generó mayor debate fue la actuación de la jueza Karina Andrade, quien la semana pasada liberó a 114 detenidos en tiempo récord. Esto motivó críticas desde el Gobierno y derivó en una denuncia penal en su contra. En esta nueva manifestación, si se registran disturbios, se buscará direccionar las causas hacia la jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal Ramiro González, quienes tendrán a su cargo el análisis de los hechos.

Refuerzo de controles y cambios en la coordinación judicial

Para evitar los errores de la semana pasada, se estableció una mesa conjunta de judiciales e investigaciones dentro del comando unificado. Esta instancia servirá de nexo entre las fuerzas de seguridad y la Justicia para definir la competencia de cada caso. “Si hay incidentes graves, se utilizará la figura de intimidación pública para que intervenga el fuero federal”, explicó un funcionario involucrado en la organización del operativo.

Además, en Comodoro Py ya están en alerta ante posibles detenciones. Si los delitos son menores, la causa recaería en la Justicia de la Ciudad, aunque esta vez será la jueza Araceli Martínez quien tome las decisiones, dado que Andrade finalizó su turno. Esta medida busca evitar que se repita la liberación masiva de la semana pasada.

En paralelo, el Ministerio de Seguridad decidió reforzar los controles en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires y volver a colocar vallas en los alrededores del Congreso. Esta estrategia apunta a prevenir enfrentamientos directos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, y evitar episodios como los piedrazos contra la Casa Rosada.

Denuncias contra la jueza Karina Andrade

El Gobierno nacional insistió en su postura contra la jueza Karina Andrade, a quien acusa de favorecer la liberación de los detenidos sin un adecuado control de antecedentes. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal contra la magistrada por presunto prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En paralelo, Andrade ya acumuló tres denuncias ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad. Legisladores opositores y un abogado de Río Negro argumentaron que la jueza actuó de manera irregular al liberar a manifestantes con antecedentes por diversos delitos. “La decisión de Andrade fue irresponsable y generó un mensaje erróneo”, aseguraron fuentes del Ministerio de Seguridad.

Mientras tanto, la jueza Andrade ordenó la detención de Fernando David Yurquina, barrabrava de All Boys, acusado de incendiar un patrullero durante la protesta pasada. Yurquina fue identificado a través de imágenes de medios públicos y publicaciones en redes sociales.

El operativo de este miércoles estará bajo atenta observación del Gobierno, que busca evitar incidentes y garantizar que las detenciones sean respaldadas por el Poder Judicial. Con un Congreso blindado y una estrategia judicial redefinida, las autoridades esperan evitar una nueva jornada de violencia.