El lunes vence el decreto firmado por la vicepresidente Victoria Villarruel que congeló las dietas de los senadores. Si no se renueva la medida, los legisladores comenzarán a percibir más de $9 millones brutos mensuales a partir de abril. Pese a su postura contraria al aumento, la vicepresidente ya advirtió que, al encontrarse el Congreso en período ordinario, no puede extender el congelamiento por decreto, por lo que el tema deberá resolverse en el recinto.
En su entorno remarcan que «el esfuerzo que realiza el Ejecutivo debe ser acompañado por los otros poderes del Estado», pero el clima en la Cámara Alta sugiere un escenario distinto. Muy pocos legisladores se manifestaron públicamente a favor de mantener el congelamiento, mientras la mayoría espera en silencio que la actualización salarial se aplique de forma automática.
Sólo dos senadores rechazaron el aumento
Hasta el momento, sólo dos senadores —Luis Juez (PRO) y José Carambia (Santa Cruz)— presentaron notas solicitando que no se aplique la suba. Sin embargo, desde el área administrativa del Senado aclararon que no existe una herramienta legal para frenar individualmente la actualización, por lo que la única opción viable es que el aumento se done, pero igualmente se liquide.
La mecánica del incremento salarial se encuentra atada al sistema de módulos, el mismo que se aplica para los empleados legislativos. Los senadores perciben 2.500 módulos por dieta, 1.000 por gastos de representación y 500 por desarraigo. Cuando el valor del módulo se actualiza, como ocurrió con la última paritaria, las dietas suben automáticamente.
En abril comenzarán a aplicarse los aumentos del 6,6% otorgado en julio y agosto del año pasado, junto con el 6,13% correspondiente al último trimestre de 2024. En total, esto elevaría los sueldos a más de $9 millones brutos, sin contar los adicionales. El sueldo de bolsillo actual es de $5,4 millones, según información oficial.
Una pulseada política con fuerte impacto social
El congelamiento de dietas había sido extendido por Villarruel a fines de diciembre mediante una resolución que ahora caduca. La vicepresidente intentó que el tema se tratara en el recinto en varias oportunidades, pero la falta de acuerdo político lo impidió. Para renovar la medida, los senadores deben votarla expresamente en sesión.
La discusión no es menor: el próximo 3 de abril se debatirán los pliegos de los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema, y la puja por los sueldos podría tensar aún más el ambiente legislativo. El oficialismo se prepara para resistir una ola de cuestionamientos en caso de que no se frene el aumento.
Desde Juntos por el Cambio, el senador Juez volvió a manifestarse en contra del incremento. No solo pidió que se congele nuevamente el esquema, sino que propuso desenganchar las dietas del sistema de módulos legislativos, una medida que, si se aprobara, cambiaría estructuralmente el cálculo de los salarios.
La presión social y el silencio legislativo
La mayoría de los senadores evita hablar públicamente del tema. En privado, varios justifican el incremento argumentando que deben cubrir dos hogares —uno en su provincia y otro en Buenos Aires—, afrontar gastos impositivos elevados y representar a sus territorios.
Sin embargo, el impacto social del aumento es evidente. En plena política de ajuste del Gobierno nacional, y con un discurso de austeridad que domina la escena, un incremento de estas características podría generar un costo político considerable para todo el arco legislativo.
En los pasillos del Congreso, incluso algunos aliados del oficialismo reconocen que la imagen del Senado ya está muy deteriorada, y que avalar un aumento de esta magnitud sin votarlo en el recinto sería políticamente insostenible.
La interna legislativa y el antecedente de 2023
La historia de este conflicto se remonta a abril del año pasado, cuando los senadores se votaron un esquema que fijó sus ingresos en 4.000 módulos. La medida se tomó tras la marcha atrás de los presidentes de ambas cámaras legislativas, Martín Menem y Villarruel, que habían decidido suspender un aumento en medio del mensaje de austeridad de Milei.
El problema se reactivó cuando, al finalizar el congelamiento el 31 de diciembre, no se aprobó una prórroga legislativa, y Villarruel debió intervenir por decreto. Ahora, en período ordinario, ya no puede hacerlo, y todo dependerá de lo que resuelva el cuerpo en la próxima sesión.
Mientras tanto, el gremio legislativo APL reclama por la pérdida salarial de sus representados, que habría superado el 65% respecto de la inflación durante el último año. Si la paritaria se destraba, también impactará en los módulos y, por tanto, en los sueldos de los propios senadores.
