La embestida del Senado contra la designación del juez Manuel José García-Mansilla, sumada a la ofensiva judicial encabezada por el kirchnerismo, aceleró una definición que en el Gobierno esperaban evitar: el académico analiza por estas horas presentar su renuncia a la Corte Suprema, luego de apenas 38 días en el cargo.
El rechazo legislativo, con 51 votos en contra y solo 20 a favor, dejó al magistrado en una situación institucional delicada, pese a haber sido designado por decreto presidencial en comisión hasta el 30 de noviembre. El fallo posterior del juez federal Alejo Ramos Padilla, que lo instó a abstenerse de firmar sentencias, profundizó la incertidumbre jurídica.
El Gobierno busca sostenerlo en el cargo
Ante el avance judicial, el Ejecutivo presentó un recurso de per saltum ante la Corte Suprema con el objetivo de que se revierta la cautelar dictada por Ramos Padilla. El juez libertario ya había firmado 215 fallos desde su jura, realizada el 27 de febrero, en una ceremonia sin cámaras pero dentro del marco constitucional vigente.
«La Corte le tomó juramento», remarcó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, al criticar los cuestionamientos de sectores opositores. También apuntó contra los jueces que «interpretan la Constitución según conveniencia» y ratificó que no hay ningún artículo que obligue al juez a renunciar ante una decisión del Senado.
El decreto que nombró a García-Mansilla fue dictado durante el receso legislativo, una facultad prevista en el artículo 99 inciso 19 de la Constitución Nacional. Sin embargo, la resistencia opositora convirtió un mecanismo legítimo en blanco de operaciones políticas y judiciales.
Presiones cruzadas y contradicciones expuestas
Desde su nombramiento, García-Mansilla fue blanco de críticas por parte de dirigentes kirchneristas y de organizaciones alineadas con el anterior orden judicial. Tras el rechazo parlamentario, las presiones se multiplicaron, tanto dentro como fuera del ámbito académico. El magistrado ya recibió pedidos directos para que se aparte, lo que abrió la puerta a su posible dimisión.
Ramos Padilla dictó una medida cautelar luego de una presentación realizada por Jorge Rizzo y Andrés Gil Domínguez. El argumento central: la falta de acuerdo del Senado invalida su función jurisdiccional. El juez platense sostuvo que el nombramiento vulnera la independencia del Poder Judicial, una interpretación alineada con el discurso kirchnerista.
Paradójicamente, García-Mansilla había dicho el año pasado que no hubiera aceptado un nombramiento en comisión, como el que ahora ocupa. Fue en una audiencia del Senado, en la que explicó que, si bien el procedimiento es constitucional, su impacto institucional podía ser negativo. Una postura personal que ahora, en el ejercicio concreto del cargo, quedó desbordada por la coyuntura política.
La Corte, entre la parálisis y la presión
De concretarse la renuncia, la Corte Suprema volverá a quedar con tres integrantes: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. La otra designación propuesta por Milei, la de Ariel Lijo, también fue rechazada por el Senado, aunque nunca llegó a asumir por decisión del propio tribunal, que no aceptó su licencia en Comodoro Py.
Con la renuncia de García-Mansilla en evaluación, la Corte queda nuevamente en el centro de la escena, no sólo por su rol institucional, sino también por el efecto político de cada uno de sus movimientos. El oficialismo busca que el máximo tribunal se expida pronto sobre el per saltum, mientras define cómo continuar en medio de la embestida del aparato judicial opositor.
El trasfondo: una guerra por el poder judicial
El caso García-Mansilla pone en evidencia que el kirchnerismo no renuncia a su objetivo de condicionar al Poder Judicial. Desde el Senado hasta los tribunales de Comodoro Py, la resistencia al nuevo orden institucional promovido por Javier Milei se sostiene con maniobras legales, declaraciones públicas y operaciones mediáticas.
La estrategia no es nueva: cuando no pueden controlar la Corte, buscan vaciarla. La designación en comisión fue una respuesta política a esa lógica. Pero el rechazo del Senado y la ofensiva judicial revelan que, incluso desde minorías parlamentarias, el kirchnerismo conserva resortes clave de poder institucional.
García-Mansilla, un académico respetado y de perfil técnico, quedó atrapado en ese fuego cruzado. Su eventual salida no será una victoria jurídica, sino un triunfo de las presiones políticas sobre la legalidad. Una señal más de que, pese al cambio de Gobierno, la disputa por la Justicia sigue siendo una batalla abierta.
