Este jueves 10 de abril se cumple un año desde la última ocupación permanente y desalojo en la Avenida 9 de Julio. La arteria porteña, históricamente asociada a manifestaciones y cortes, ha permanecido libre de acampes desde la implementación del Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público o más conocido como el Protocolo Antipiquetes. Esta medida fue impulsada por el Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, y ejecutada por el Ministerio de Seguridad que lidera Patricia Bullrich. A nivel local, contó con la adhesión y colaboración activa del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri.
Durante años, la 9 de Julio fue epicentro de protestas impulsadas por organizaciones sociales y movimientos piqueteros. Tanto los gobiernos kirchneristas como el macrismo enfrentaron esta situación sin lograr una solución de fondo. Sin embargo, desde diciembre de 2023, la gestión libertaria adoptó una política de “tolerancia cero” que marcó un quiebre en la dinámica urbana de la capital.
El 10 de abril de 2024 fue un punto de inflexión. Ese día, el Polo Obrero y agrupaciones vinculadas a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular intentaron ocupar la 9 de Julio para exigir alimentos para comedores comunitarios. Aunque lograron bloquear la avenida por menos de media hora, la intervención conjunta de la Policía de la Ciudad y las fuerzas federales permitió recuperar rápidamente el control del espacio público.
Coordinación entre jurisdicciones y cambio de paradigma
A partir de ese operativo, el Gobierno porteño adoptó una postura firme. La administración de Jorge Macri, en línea con la Casa Rosada, remarcó que “el orden y el cumplimiento de la ley no se negocian”. En ese sentido, se destacaron las acciones del entonces ministro de Seguridad, Waldo Wolff, y del actual titular de la cartera, Horacio Giménez.
Según Infobae, entre diciembre de 2023 y marzo de 2025 se registraron 1.723 manifestaciones en la Ciudad. De ese total, el 75% fueron gestionadas por la Policía local. Las fuerzas federales intervinieron en 420 casos, mayormente para custodiar edificios y objetivos de interés nacional. El Ministerio de Seguridad porteño también subrayó que todas las grandes movilizaciones contaron con autorización previa, lo que permitió una planificación efectiva.
Asimismo, en el primer trimestre de 2025 se registraron 256 manifestaciones, pero sólo el 23% afectaron la circulación. En la Comuna 1, que concentra el mayor número de protestas, el 72% de las acciones no interrumpieron el tránsito. Este dato refuerza la eficacia del protocolo y la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad.
Otro de los logros señalados por las autoridades es el levantamiento de más de 18 mil acampes y ranchadas en espacios públicos como Plaza de Mayo, Plaza del Congreso y Aeroparque. Además, se llevaron a cabo operativos para desalojar a manteros en zonas clave como Once, Constitución y Retiro.
¿Un modelo que podría extenderse?
La experiencia de la Ciudad de Buenos Aires ha generado contraste con otras jurisdicciones, como la Provincia de Buenos Aires, donde aún se permiten cortes de rutas y marchas sin autorización. Desde el Gobierno porteño afirman que la diferencia está en la “decisión política y el profesionalismo” de las fuerzas de seguridad.
Funcionarios como Laura Alonso, vocera del Ejecutivo local, han recalcado que “la mayoría de los intentos de corte fueron contenidos por la Policía de la Ciudad”, destacando que las fuerzas federales sólo actúan cuando hay objetivos nacionales en juego.
Cada voto cuenta. Y para eso, te necesitamos en la mesa.
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) April 4, 2025
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