El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó este martes un recurso de apelación contra el fallo del juez Roberto Gallardo. El magistrado había ordenado que el operativo de seguridad para la marcha de jubilados frente al Congreso esté exclusivamente a cargo de la Policía de la Ciudad, excluyendo a las fuerzas federales. La administración porteña calificó la decisión judicial como “nula” y pidió que el caso se eleve de manera urgente a la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo.
La movilización convocada por organizaciones de jubilados y acompañada por la Confederación General del Trabajo (CGT) está prevista para este miércoles frente al Congreso Nacional. En ese contexto, el fallo de Gallardo limitaba la actuación de las fuerzas federales únicamente a la custodia del Parlamento, excluyéndolas de cualquier intervención en la vía pública, lo que motivó la respuesta legal del Ejecutivo porteño.
Desde la Ciudad, sostienen que no fueron notificados previamente ni se les garantizó el derecho de defensa antes de que se resolviera la medida. Además, aseguran que en ningún momento se resignaron competencias en materia de seguridad. Para el jefe de Gobierno, Jorge Macri, la resolución del magistrado desconoce la dinámica propia de las manifestaciones y complica la coordinación operativa.
Macri: “Vamos a garantizar la seguridad con todas las fuerzas”
En declaraciones públicas, Jorge Macri criticó la resolución judicial. “Una manifestación es un fenómeno dinámico, imaginar que detrás de un escritorio alguien va a poder escribir que la Policía da cinco pasos y otro tiene que agarrar la situación, me parece forzado”, expresó el mandatario porteño. En ese sentido, aseguró que se garantizará la seguridad en la ciudad “con las fuerzas federales y con las fuerzas de la Ciudad, como siempre”.
El recurso de apelación fue firmado por Agustín Luzzi, director General de Dictámenes y Litigios Complejos de la Procuración General de la Ciudad. En el escrito se argumenta que el fallo “es el producto individual de la voluntad del juez, basada en su simple convicción personal”. Además, se considera que la decisión de Gallardo constituye una intromisión indebida en las funciones propias del Poder Ejecutivo.
Según el texto presentado, el magistrado se estaría arrogando facultades que competen exclusivamente a la Administración. En particular, se señala que interfiere en la “discrecionalidad técnica” del Ministerio de Seguridad porteño, que es quien debe definir las políticas de actuación ante movilizaciones en la vía pública.
Disputa de competencias en plena tensión social
La apelación ocurre en un contexto sensible, dado que la movilización de este miércoles incluirá reclamos por mejores condiciones previsionales y denuncias contra el ajuste económico. Por eso, el Gobierno de la Ciudad considera que es esencial mantener una coordinación fluida con las fuerzas federales para prevenir incidentes y preservar el orden público.
Desde la administración porteña insisten en que el fallo del juez Gallardo podría generar vacíos operativos que afecten directamente la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad. También remarcan que se pone en juego la autonomía de la Ciudad en materia de seguridad, consagrada constitucionalmente.
La Cámara deberá resolver con celeridad ante la inminencia de la protesta. Mientras tanto, el Ejecutivo porteño ratificó que el operativo se realizará con todos los recursos disponibles, independientemente de la resolución judicial.
— Ministerio de Seguridad Nacional (@MinSeguridad_Ar) April 7, 2025
