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POLÍTICA

La Justicia ordenó seguir con la investigación del Vacunatorio VIP de Alberto Fernández

La medida revoca el archivo de la denuncia, al considerar que aún subsisten dudas sobre cómo se desarrollaron las conversaciones entre el Estado y el laboratorio internacional.

Alberto Fernández
La Fiscalía pidió confirmar el procesamiento de Alberto Fernández en la causa por violencia de género contra Fabiola Yáñez. Ahora, la decisión está en manos de la Cámara Federal.

La Justicia resolvió reabrir y profundizar la causa que investiga las negociaciones entre el gobierno de Alberto Fernández y la farmacéutica Pfizer durante la pandemia de COVID-19 por la causa conocida como Vacunatorio VIP. La medida revoca el archivo de la denuncia, al considerar que aún subsisten dudas sobre cómo se desarrollaron las conversaciones entre el Estado argentino y el laboratorio internacional.

El tribunal hizo lugar al recurso presentado por el fiscal federal Carlos Stornelli. La decisión estuvo a cargo de los jueces Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia, integrantes de la Sala I. En la resolución, los magistrados señalaron que el cierre de la causa había sido “prematuro” y que la investigación no había avanzado lo suficiente como para descartar la posible comisión de un delito.

El fallo destacó que todavía quedan incógnitas relevantes por esclarecer. En particular, se cuestionó la falta de análisis comparativo con las gestiones realizadas por el Gobierno de Alberto Fernández con otros laboratorios. La causa deberá continuar para dilucidar si existieron tratos preferenciales o discriminatorios que hayan perjudicado a la población durante la emergencia sanitaria.

Revés judicial al archivo por «inexistencia de delito»

El caso se inició a partir de una denuncia presentada por un grupo de diputados nacionales en funciones durante el anterior mandato. Entre ellos se encontraban Omar de Marchi, Waldo Wolff, Fernando Iglesias, María Carla Piccolomini y Álvaro de Lamadrid. Los legisladores solicitaron investigar los motivos por los cuales Argentina no logró firmar un acuerdo con Pfizer en el tiempo oportuno, mientras se avanzaba con convenios con otros laboratorios.

La denuncia sostuvo que hubo decisiones arbitrarias que favorecieron a ciertas compañías, y que eso habría tenido un impacto directo en el acceso de la población a las vacunas. En ese sentido, la Cámara Federal porteña consideró que no se agotaron las instancias probatorias y que la instrucción debe continuar para “arribar a la verdad de los eventos”.

Los jueces remarcaron que la investigación no indagó en profundidad sobre los procesos de adquisición y sobre las diferencias entre los acercamientos con Pfizer y con otros laboratorios que sí lograron cerrar acuerdos con mayor antelación.

Nuevas líneas de investigación

El fallo también dejó asentado que la falta de información impide descartar la existencia de tratos desiguales en el proceso de negociación. Según los magistrados, este aspecto forma parte de la hipótesis criminal denunciada por los legisladores y debe ser abordado de forma rigurosa en el expediente judicial.

Cabe recordar que el denominado “Vacunatorio VIP” ya había sido objeto de críticas y denuncias durante la gestión de Fernández, a raíz de irregularidades en el acceso a las vacunas por parte de funcionarios y allegados al poder. Esta causa, sin embargo, apunta específicamente a las gestiones con Pfizer y al presunto favoritismo hacia otros laboratorios.

De esta manera, la Justicia busca esclarecer si hubo responsabilidades penales en el manejo de las negociaciones sanitarias durante la emergencia. La causa volverá a instrucción y el fiscal Stornelli tendrá la responsabilidad de avanzar con nuevas medidas de prueba.