Más de 30 jueces porteños rechazaron la denuncia que el Ministerio de Seguridad presentó contra el magistrado Roberto Gallardo. El Gobierno lo cuestionó por dictar una medida cautelar que dejó afuera a las fuerzas federales del operativo de seguridad en la marcha de jubilados frente al Congreso.
En una nota enviada al Consejo de la Magistratura, los jueces manifestaron su “rechazo y profunda preocupación”. Consideraron que el objetivo es condicionar a la Justicia. “El accionar de la mentada autoridad ministerial se ha convertido en una práctica del Poder Ejecutivo Nacional”, señalaron. Advirtieron que esa actitud pone en riesgo la independencia judicial y la autonomía porteña.
Fuerte crítica a Bullrich y respaldo de otras asociaciones
La denuncia fue impulsada por el ministerio que conduce Patricia Bullrich. Acusaron al juzgado de “mal desempeño” y sostuvieron que el fallo responde a razones ideológicas. También dijeron que desobedece decisiones anteriores y afecta la división de poderes.
Roberto Gallardo falló a favor de una acción de amparo que presentaron la CGT, la UTEP y el gremio judicial UEJN. Su resolución prohibió la participación de fuerzas federales en la movilización. Dispuso que la seguridad esté a cargo de la policía porteña.
El respaldo al juez no llegó solo desde sus colegas. También lo apoyaron la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo (ALJT) y el capítulo argentino del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales. Ambas entidades coincidieron en señalar que la denuncia representa un intento de presión institucional.
Apelación del Gobierno porteño y pedido urgente de la Justicia
El Gobierno porteño también apeló el fallo. Solicitó que la causa se eleve de forma urgente a la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Argumentó que la protesta era inminente y había que resolver el operativo de seguridad.
El juez ordenó a la Ciudad coordinar el operativo, sin vulnerar el derecho a la protesta, a la libertad de expresión y al derecho de reunión. Dispuso que las fuerzas federales solo custodien “objetivos federales” concretos. No podrán intervenir en el espacio público general.
Los jueces que firmaron la nota dirigida a Karina Leguizamón, presidenta del Consejo de la Magistratura, pidieron que se rechace la denuncia de forma urgente. Recordaron que las sentencias deben revisarse en instancias judiciales. No a través de denuncias de tinte político.
La tensión entre el Gobierno y la Justicia volvió a quedar expuesta. El eje del conflicto gira en torno a la defensa de la independencia judicial, que ahora quedó en el centro del debate.
