El Gobierno de Javier Milei, a través del Ministerio de Seguridad, dispuso un nuevo límite para la cantidad de presos que podrán cobrar por realizar tareas de mantenimiento dentro de las cárceles federales. La medida, publicada este jueves en el Boletín Oficial, establece que solo el 5% de los internos podrán acceder a esas actividades remuneradas, mientras que el resto deberá realizarlas de manera obligatoria como parte de su régimen de convivencia.
La resolución 429/2025 busca reducir drásticamente el porcentaje de reclusos que perciben dinero por tareas generales dentro de los establecimientos penitenciarios. Hasta ahora, el límite llegaba al 61,28% de la población carcelaria, lo que implica una disminución importante. «Se terminó la injusticia de premiar a quien incumplió la ley con el dinero de los que trabajan todos los días», aseguró Bullrich.
La medida se enmarca en el programa «Manos a la Obra», lanzado por la gestión libertaria con el objetivo de reorganizar el trabajo penitenciario. El Gobierno aclaró que, aunque solo un pequeño grupo de internos cobrará un peculio por las tareas, todos los presos deberán participar de las actividades de limpieza, mantenimiento e higiene dentro de las cárceles, con una carga mínima de ocho horas diarias.
Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que el nuevo esquema busca «eliminar privilegios» y que el trabajo y el esfuerzo personal sean condiciones necesarias para obtener un ingreso. A su vez, la resolución también apunta a eliminar la figura del «fajinero», por lo que ya se dieron de baja 750 puestos de fajina que estaban avalados por la Justicia.
Además, el Servicio Penitenciario Federal deberá informar mensualmente las sumas de dinero destinadas al pago de peculios, tanto por tareas productivas con fines de reinserción social como por labores generales dentro de los establecimientos. El control quedará a cargo de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios.
La reestructuración del régimen carcelario no solo alcanza al trabajo de los internos. Semanas atrás, Bullrich también dispuso la prohibición de los centros de estudiantes dentro de las cárceles federales. Según argumentó el Gobierno, la permanencia de los presos en los espacios educativos fuera del horario de clases les impide cumplir con las tareas obligatorias para su reinserción social.
El enojo de los internos de las cárceles federales
La reforma impulsada por el Gobierno generó rechazo dentro de las cárceles. El pasado 1° de abril, un grupo de internos de la cárcel de Devoto protagonizó un motín en protesta por las nuevas medidas. Quemaron colchones y colgaron banderas en reclamo del derecho a estudiar. «La Universidad es de todos» y «Tenemos derecho a la educación» fueron algunos de los mensajes que dejaron expuestos en las rejas del penal porteño.
