El Ministerio de Seguridad Nacional, encabezado por Patricia Bullrich, anunció este jueves la implementación de una política de «ocio cero» en las cárceles federales, eliminando los pagos a reclusos que no realizan tareas productivas. La medida, calificada como un corte de «privilegios» por la ministra, representa un cambio en el sistema penitenciario argentino.
«OCIO CERO EN LAS CÁRCELES. El kirchnerismo les pagaba a todos los presos solo por estar presos. Nosotros cortamos los privilegios: el que hace una actividad productiva, cobra por lo que hace», afirmó Bullrich en un mensaje publicado en su cuenta oficial de X. La ministra detalló que bajo el nuevo esquema, solo quienes realicen actividades laborales concretas recibirán remuneración.
La nueva disposición en las cárceles federales que difundió Bullrich
Según el comunicado oficial difundido por el ministerio, durante los gobiernos anteriores «se pagó una retribución económica a la mayoría de los presos sin que realizaran tareas productivas», un sistema que, según la cartera, «funcionaba como una entrega directa de dinero, premiando la inactividad con recursos del Estado». La nueva disposición establece que solo el 5% de los internos podrá ser asignado a tareas generales del establecimiento, como limpieza y mantenimiento, y únicamente si las realizan durante un mínimo de ocho horas diarias.
El resto de la población carcelaria deberá «cumplir con las tareas básicas de convivencia —limpieza de celdas y espacios comunes— sin recibir pago alguno», detallan en el documento. La directriz ministerial se resume en la frase: «El que no hace nada, no cobra. El que hace trabajo productivo, cobra por lo que hace, no por estar preso».
Esta iniciativa forma parte del plan «Manos a la Obra», lanzado en octubre de 2024, que según explicó el ministerio, «impulsa el ocio cero como instrumento de orden y pone fin al estatus de vagancia de los presos», con el objetivo de que todos los reclusos trabajen durante su estadía en prisión. Las autoridades argumentan que este sistema fomentará la responsabilidad entre los internos y contribuirá a su reinserción social mediante el desarrollo de hábitos laborales.
El debate en torno a esta política refleja tensiones más amplias sobre el enfoque de la actual administración en materia de seguridad y sistema penitenciario. Mientras el gobierno defiende la medida como parte de un giro hacia la «responsabilidad individual» y el fin de «beneficios injustificados», sectores críticos señalan la necesidad de atender problemas estructurales del sistema carcelario, como el hacinamiento y la falta de programas efectivos de rehabilitación y educación.
