El Gobierno reactivó la discusión legislativa sobre la baja de edad de imputabilidad . La próxima semana, del 24 de abril al 17 , se reunirá el plenario de comisiones de Diputados para avanzar en un dictamen que permita modificar la edad mínima a partir de la cual un menor puede ser responsabilizado penalmente como adulto. La propuesta central del oficialismo apunta a reducir ese límite de 16 a 13 años .
La reunión convocará a las comisiones de Legislación Penal, Presupuesto y Hacienda, Familia, Niñez y Juventudes, y Justicia. En total, se pondrán sobre la mesa 13 proyectos que abordarán este tema. Aunque hay diferencias, la mayoría de los bloques coincidieron en fijar la edad mínima en 14 años , lo que abrió una posibilidad de acuerdo que hasta hace semanas parecía lejana.
Medidas alternativas y penas diferenciadas para menores
Los proyectos no se limitan a discutir la edad. También incluyen propuestas sobre las sanciones aplicables a los menores que cometen delitos. Se mencionan medidas como amonestaciones , tareas comunitarias, restricciones de contacto con determinadas personas y la obligación de reparar el daño causado. La intención es que, además de garantizar justicia, se fomente la reintegración social de los jóvenes involucrados en delitos.
Otro de los puntos sensibles del debate es la duración de las penas. El Gobierno de Javier Milei propone una pena máxima de 20 años , mientras que varios proyectos alternativos establecen un límite de 15 años . Esta diferencia será clave en la negociación parlamentaria, ya que revela enfoques opuestos sobre cómo castigar delitos graves cometidos por menores.
La discusión legislativa había quedado suspendida por la conformación de una comisión investigadora del caso $Libra y la interpelación a funcionarios. Esa pausa había frenado el avance del tema, pero ahora el oficialismo busca retomar el impulso y volver a poner la seguridad en el centro de la agenda política.
La baja de edad de imputabilidad divide posturas dentro del Congreso y en la sociedad. Mientras algunos sectores reclaman un régimen más estricto, otros insisten en la necesidad de no criminalizar a los adolescentes sin antes considerar su contexto social y familiar.
En Casa Rosada consideran que avanzar con este proyecto también puede significar una señal política. En medio de un clima económico complejo, lograr acuerdos en torno a temas como la seguridad permitiría al oficialismo mostrar gestión y recuperar espacio en el debate público. El plenario del 24 de abril será clave para medir esos apoyos y definir si se llega finalmente a un dictamen unificado.
