Con fuerte presencia de organizaciones que trabajan con personas con discapacidad , personal de salud y de educación marchó este lunes por la mañana en Plaza de Mayo para denunciar el vaciamiento de políticas públicas y el ajuste impulsado por el Gobierno nacional. Fue la segunda movilización del año convocada por agrupaciones del sector, que advierten una situación cada vez más crítica.
«Nos están dejando sin herramientas para garantizar derechos. Nuestros trabajos están completamente precarizados», afirmó Maive Carone Fernández, integrante de la asamblea Discas en Lucha, en diálogo con Noticias Argentinas. La protesta buscó visibilizar cómo la “ motosierra ” del Ejecutivo afecta a un colectivo históricamente vulnerable.
Uno de los puntos más cuestionados fue la modificación en el sistema de auditorías para acceder a pensiones no contributivas. Carone aseguró que muchas personas reciben cartas documento con plazos muy breves para presentar documentación de forma presencial, a veces en oficinas que “ni siquiera existen o están muy lejos”. Según explicó, todo el proceso parece diseñado para “sacarles la pensión, que representa apenas el 70% de una jubilación mínima”.
Fuerte rechazo al vaciamiento de la ANDIS
La marchade estas organizaciones también sirvió para denunciar lo que se describe como una campaña de estigmatización contra las personas con discapacidad . «Hay una persecución mediática y judicial, y un desprestigio directo a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El Estado se ausenta cruelmente», afirmó Carone.
Además, las organizaciones cuestionaron el intento de desregular el nomenclador de aranceles del sistema único de prestaciones básicas, medida que finalmente no se aplicó por la resistencia del sector. Otro punto que generó indignación fue una resolución oficial que incluía términos como “idiotas” o “débiles mentales” para referirse a personas con discapacidad. “Dijeron que lo iban a corregir, pero todavía no lo hicieron”, agregó.
Carone comentó que el Ejecutivo “vació la ANDIS”, desarmó su presencia territorial y complicó los trámites para obtener el Certificado Único de Discapacidad, una herramienta clave para acceder a derechos. “También obstaculizaron el acceso a las pensiones y cambiaron los requisitos, dejando a muchos afuera”, sostuvo.
La movilización cerró con un mensaje claro: el sector exige al gobierno de Javier Milei que se restituya el acceso a las prestaciones, se frene la precarización laboral y se respete el marco legal que protege los derechos de las personas con discapacidad . “Lo que está haciendo el Estado va en contramano de la Constitución y de los tratados internacionales”, concluyó Carone.
