En medio del aumento de la inseguridad en el conurbano bonaerense, el ministro de Seguridad de Axel Kicillof, Javier Alonso, se refirió a la discusión nacional sobre la baja de edad de imputabilidad y rechazó el enfoque, al afirmar que “es mirar por el ojo de la cerradura”. Con esta frase, buscó eludir uno de los principales reclamos de la ciudadanía frente a la violencia creciente protagonizada por menores.
Durante una entrevista en Infobae en Vivo, Alonso no solo se opuso a discutir un endurecimiento de penas para delincuentes menores, sino que también defendió una polémica iniciativa para restringir la circulación de motos con dos ocupantes. Una medida que apunta más a complicar la vida de los trabajadores que a resolver el fondo del problema.
Según el ministro, la normativa será implementada por municipios que delimitarán zonas y horarios específicos de aplicación. El objetivo, aseguró, es combatir la modalidad delictiva de los motochorros. Sin embargo, como ocurre con otras políticas del kirchnerismo, la medida apunta a lo superficial sin resolver las causas profundas ni garantizar justicia.
Más relato que resultados
Alonso citó cifras de incautación de vehículos y armas en operativos recientes, con más de 12.000 motos retenidas por delitos y más de 32.000 por infracciones de tránsito. También mencionó la confiscación de 2.300 armas de fuego. Sin embargo, evitó dar detalles sobre los índices de reincidencia o los resultados concretos de estas acciones en términos de reducción del delito.
En paralelo, anunció la compra de patrulleros y motos, en lo que parece ser una respuesta basada en infraestructura, pero sin dirección estratégica clara. “Hemos destinado 70.000 millones de pesos para reforzar la flota policial”, sostuvo, aunque la inseguridad en los barrios sigue marcando la agenda de preocupación de los bonaerenses.
Mientras tanto, los vecinos ven cómo se multiplican los robos, entraderas y ataques violentos, especialmente en el conurbano, donde el Gobierno provincial mantiene una postura pasiva ante el reclamo ciudadano.
Rechazo a discutir imputabilidad: una muestra más del doble discurso
En el punto más delicado de la entrevista, Alonso desestimó la posibilidad de debatir una baja de edad de imputabilidad. “Lo que fracasa es el Estado desde que toma conciencia de que ese menor está en un camino equivocado”, expresó. Pero lejos de presentar soluciones, volvió al discurso del “seguimiento e intervención” que, en la práctica, ha sido ineficaz para prevenir delitos graves cometidos por menores.
El ministro planteó la necesidad de “abordar el entorno familiar y el consumo problemático”, pero no explicó cómo su ministerio articula políticas concretas en ese sentido. Tampoco respondió sobre los recursos asignados ni los resultados alcanzados.
Estadísticas que no cierran
Según Alonso, hubo una baja del 13% en homicidios y del 25% en robos automotores en los últimos dos años, cifras que atribuyó a políticas del actual Gobierno provincial. Sin embargo, estos datos contrastan con la percepción generalizada de los ciudadanos y con los informes de ONGs y asociaciones vecinales que denuncian la inacción del Estado.
Además, el funcionario aseguró que los últimos dos años fueron los “de menos homicidios en 25 años”, aunque no explicó cómo se mide ese dato ni cómo se compatibiliza con el deterioro visible de la seguridad pública.
El kirchnerismo se excusa y posterga soluciones
En lugar de promover reformas estructurales en el sistema penal juvenil, Alonso optó por el camino del relato. No hay proyectos claros ni respuestas a corto plazo. La inseguridad sigue creciendo y el Gobierno de Kicillof responde con eslóganes y anuncios que no se traducen en resultados.
Mientras tanto, las víctimas de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires son quienes pagan el precio de una gestión que se niega a debatir cambios profundos. La estrategia es clara: relativizar el problema, cargar la culpa al sistema y evitar cualquier tipo de ajuste político que pueda generar costos al oficialismo en plena campaña electoral.
