La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) rechazó los recientes aumentos en las listas de precios que aplicaron algunas empresas luego de la apertura del cepo para personas humanas. Desde el sector advirtieron que «no hay fundamentos» de devaluación para remarcar valores y señalaron que el principal obstáculo para el comercio no es el dólar, sino la carga impositiva y los costos ocultos que se trasladan al consumidor.
«La liberación del cepo no representa una devaluación, sino la apertura positiva del mercado», expresaron en un comunicado publicado en redes sociales. La cámara explicó que las empresas ya operaban con dólares financieros como el MEP o el Contado con Liquidación, los cuales incluso bajaron luego de la medida del Gobierno. Por eso, consideraron que los aumentos de precios carecen de justificación y solo generan “distorsiones y especulaciones”.
Desde CADAM hicieron un llamado a los proveedores para que actúen con «responsabilidad» y no contribuyan a alimentar la incertidumbre económica. Además, destacaron que el nuevo tipo de cambio oficial apunta a personas físicas y no modifica la operatoria de las empresas. En ese contexto, respaldaron las medidas del Ejecutivo y consideraron que la situación actual requiere más previsibilidad y menos especulación.
Los mayoristas están preocupados por los impuestos
«El verdadero problema de la economía no es el dólar, sino los impuestos y los costos ocultos que después se trasladan a precios», afirmaron desde la cámara. A modo de ejemplo, señalaron que cuando un consumidor compra carne o una botella de vino, el valor incluye una serie de aportes obligatorios que encarecen los productos sin que el cliente lo sepa.
Entre esos «costos ocultos», los mayoristas enumeraron seis conceptos que aún se cobran y que afectan a todo el circuito comercial: desde una contribución solidaria a las obras sociales por el Covid-19 que sigue vigente, hasta aportes obligatorios al sindicato, al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA) y a la COVIAR, que regula la promoción del vino. También mencionaron el aporte a INACAP, creado en 2008, y el seguro obligatorio de retiro, que data de 1991.
«Estos impuestos y cargas se han venido recaudando desde hace más de 20 o 30 años, y siguen vigentes aunque las condiciones hayan cambiado. Son una mochila que cargan los comercios y que terminan impactando directamente en el bolsillo del consumidor», criticaron. La cámara alertó que este esquema impositivo impide competir con transparencia y desalienta las inversiones.
«Hoy no hay motivos económicos concretos para remarcar. El verdadero desafío es reducir la carga impositiva y eliminar esos costos que no suman valor al producto, pero lo encarecen para el consumidor», concluyeron.
