Tras el anuncio del fin del cepo cambiario, el Gobierno de Javier Milei se prepara para avanzar con una nueva fase de su programa de reformas estructurales. La próxima etapa incluirá una fuerte ofensiva administrativa: la eliminación, fusión y transformación de organismos públicos. Aunque estaba previsto un anuncio esta semana, la Casa Rosada decidió postergarlo para no desviar el foco de la narrativa económica que instaló con la reciente liberación del mercado cambiario.
La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, contempla un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) —o varios, uno por ministerio— que implicaría la eliminación de al menos 24 organismos públicos, la fusión de otros 15 y la reconversión de 16 dependencias. El objetivo, aseguran desde el Gobierno, es terminar con duplicidades burocráticas y reorientar las funciones del Estado bajo criterios de eficiencia y austeridad.
El nuevo paquete de reformas
En Balcarce 50 consideran que la “motosierra 2.0” representa un paso lógico dentro de la agenda desreguladora que encabeza Sturzenegger. Las facultades delegadas por el Congreso, a través del artículo 3 de la Ley Bases, habilitan al Ejecutivo a “modificar o eliminar competencias, funciones o estructuras jurídicas” de los organismos nacionales. Sin embargo, la ley impide disolver más de 30 entes, razón por la cual el esquema se dosificará en diferentes decretos sectoriales.
“La estrategia apunta a sostener la centralidad comunicacional y, al mismo tiempo, blindarse ante eventuales impugnaciones judiciales”, reconocieron desde el Ejecutivo. En ese sentido, cada DNU será emitido por cartera para reducir el riesgo de parálisis total ante una medida cautelar.
Entre los organismos bajo revisión se encuentran varias áreas dependientes de Cultura, Salud y Capital Humano. El Ministerio de Economía también tendrá modificaciones, aunque algunas de las fusiones están pendientes de revisión técnica y legal. Desde despachos oficiales explicaron que aún se realizan ajustes de último momento para evitar inconsistencias normativas.
Un anticipo de más reformas por venir
Además del DNU, el Gobierno evalúa retomar el paquete de 40 desregulaciones contenidas en el proyecto de ley “Hojarasca”, que prevé la derogación de más de 70 normas “obsoletas” heredadas del kirchnerismo. Aunque no logró consenso legislativo en 2023, el Ejecutivo considera reeditar la iniciativa mediante decretos o normas sectoriales antes del inicio formal de la campaña electoral.
En paralelo, también se espera la inminente publicación de una medida que impactará en la Marina Mercante. El decreto autorizará a buques con bandera extranjera a operar en el cabotaje nacional y permitirá contratar tripulación sin restricción de nacionalidad. Según el Gobierno, esta medida —coordinada entre Sturzenegger y la Agencia Nacional de Vías y Puertos Navegables— busca dinamizar el comercio y derribar barreras regulatorias anacrónicas.
Sin embargo, desde sectores sindicales ligados al kirchnerismo ya se alzaron voces críticas. El CEPA advirtió que el plan podría significar la pérdida de 3.000 puestos de trabajo. En la Casa Rosada minimizan esas estimaciones y recuerdan que gran parte de esos empleos están “atados a estructuras sindicalizadas que frenan la competitividad del país”. También señalan que el uso de banderas extranjeras no es una anomalía en el comercio marítimo global, sino una práctica común que permite abaratar costos y mejorar la competitividad.
Estrategia electoral y administración eficiente
Con este nuevo paquete de reformas, el Ejecutivo apunta a consolidar su perfil reformista antes del inicio del calendario electoral. Aunque todavía falta definir la fecha de publicación del primer decreto, el mensaje es claro: el Estado debe dejar de ser un botín de guerra para sectores que han hecho de lo público una red clientelar.
El gobierno de Milei busca romper con décadas de administración populista y promover un modelo donde el Estado no se convierta en un obstáculo para el crecimiento. En palabras de un funcionario clave: “Es hora de pasar de los subsidios discrecionales al mérito y a la eficiencia”.
