El Gobierno nacional avanza con los últimos retoques de un decreto clave que pondrá en marcha una profunda reforma migratoria, tal como anticipó el presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. Si bien no hay una fecha definida, desde Casa Rosada aseguran que la normativa será publicada “muy pronto” y que solo restan completar las revisiones técnicas necesarias.
La iniciativa no será tratada en el Parlamento: desde un inicio, el oficialismo diseñó el esquema para que pudiera implementarse vía decreto, con el objetivo de evitar la dilación legislativa y avanzar con una de las promesas centrales de campaña. La reforma buscará limitar el acceso automático a beneficios públicos para quienes no tienen residencia permanente en el país y establecer mecanismos más estrictos para otorgar ciudadanía o residencia.
Uno de los puntos centrales será el cobro por el uso del sistema público de salud por parte de extranjeros no residentes. La medida, que por el momento solo alcanzaría a hospitales bajo órbita nacional, se enmarca en una lógica de reciprocidad y de resguardo del presupuesto argentino. El presidente fue claro: «Argentina ha sido generosa con los inmigrantes, pero eso no puede implicar ser tontos», expresó en marzo ante la Asamblea Legislativa.
Cambios clave en la Ley de Migraciones
La reforma alcanzará también a la Ley 25.871, vigente desde 2004, que será modificada por decreto. Se endurecerán los requisitos para solicitar residencia o pasaporte argentino, y se agilizarán los procesos de deportación para extranjeros que cometan delitos en el país. Incluso podrían incorporarse restricciones a la solicitud de refugio, una herramienta que, según fuentes oficiales, ha sido utilizada de manera abusiva por ciertos sectores.
El proyecto fue liderado por María Ibarzábal, actual secretaria de Legal y Técnica y figura clave en el equipo jurídico que responde a Santiago Caputo. La iniciativa también fue trabajada en conjunto con las áreas de Seguridad, Justicia y Salud, dado su impacto transversal. Una fuente del Ejecutivo sintetizó el enfoque: «Queremos ser bravísimos con quienes delinquen. Esto complementa los operativos que Patricia Bullrich ya despliega en el norte del país».
Avance sobre salud y educación
Si bien no se especificó aún si el decreto incluirá disposiciones sobre universidades, Milei dejó abierta la posibilidad de permitir que las casas de estudio cobren matrícula a los extranjeros sin residencia. El planteo también generará un debate sobre constitucionalidad, aunque desde el oficialismo remarcan que existen antecedentes en provincias como Salta, Mendoza, Santa Cruz y Jujuy, donde ya se aplican modalidades similares.
En Salta, por ejemplo, la atención médica a extranjeros no residentes fue restringida salvo en casos de urgencia. Lo que permitió un ahorro del 95% en los recursos destinados a ese segmento, según cifras difundidas por el vocero presidencial Manuel Adorni.
Refuerzo en las fronteras
El decreto se complementa con los operativos de seguridad que se llevan adelante en zonas fronterizas. Entre ellos, el Plan Güemes, con fuerte presencia en Aguas Blancas y Puerto Chalanas, en Salta. Además, de otros programas similares en Tartagal, Salvador Mazza y la Triple Frontera. Estas regiones son consideradas estratégicas para prevenir delitos como narcotráfico, trata de personas y lavado de activos.
También se espera que la reforma contemple una visa especial para quienes ingresen inversiones al país. Es decir, en línea con la política de apertura económica del Gobierno. El objetivo es claro: facilitar el ingreso de quienes sumen valor, y restringir a quienes abusan del sistema.
