El Ejecutivo nacional trazó una línea clara frente a la nueva ofensiva sindical: no habrá reapertura de paritarias ni aval para aumentos salariales por fuera de lo ya acordado. La decisión, impulsada por el ministro de Economía Luis Caputo y el secretario de Trabajo Julio Cordero, apunta a preservar el orden fiscal y evitar una nueva escalada de precios en un contexto de recuperación de la economía.
Con un mensaje firme, la Casa Rosada dejó en claro que no convalidará ajustes por presión gremial. “Los salarios se robustecieron con el nuevo tipo de cambio, ahora hay que ir por los precios”, sintetizó un funcionario del círculo de confianza del presidente Javier Milei. Esa será la fórmula para enfrentar las demandas salariales que se avecinan desde la CGT y otros gremios en pleno año electoral.
Un frente sindical cada vez más desafiante
La tensión crece. En el Ministerio de Economía aseguran que convalidar nuevos aumentos rompería la hoja de ruta fiscal. Para el Gobierno, el salario real debe estabilizarse y ganar terreno gradualmente, en paralelo a una baja sostenida de los precios.
Sin embargo, del otro lado, la presión sindical es cada vez mayor. Los gremialistas detectan que la inflación sigue en niveles elevados y temen que sus acuerdos queden nuevamente atrasados. La puja comenzó a escalar tras los datos de marzo, cuando el IPC subió 3,7% y varios convenios firmados quedaron rápidamente desactualizados.
Desde Trabajo ya iniciaron contactos informales con los principales líderes sindicales para transmitir el mensaje oficial. La estrategia, explican fuentes del Ejecutivo, es convencer a los gremios de que no hay margen para nuevos aumentos sin generar una corrida inflacionaria o una devaluación no deseada. “Si suben los salarios ahora, el dólar se va a disparar”, advirtieron.
Reforma laboral y elecciones gremiales: los otros puntos calientes
A la puja salarial se suma otro conflicto: la nueva reforma laboral que impulsa el oficialismo. Para la CGT, el tema no puede avanzar sin un diálogo institucional. Pero la central obrera enfrenta sus propias internas: varios gremios renovarán autoridades en 2025 y eso exacerba el discurso combativo.
La cúpula cegetista, liderada por Héctor Daer y Pablo Moyano, ya inició un plan de lucha que tuvo su primera expresión con el paro general del 10 de abril y que continuará con una movilización el 30 de abril, en la previa del Día del Trabajador.
A pesar del tono duro, en sectores moderados de la CGT no descartan sentarse a dialogar. En ese contexto, este miércoles, Cordero, Gerardo Martínez (UOCRA) y Daniel Funes de Rioja (UIA) abrirán un seminario de la OIT sobre informalidad laboral, en un gesto que podría anticipar una foto de distensión.
La posición del Gobierno y el rechazo a la vieja política gremial
En su reciente informe ante Diputados, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue categórico: “Necesitamos una legislación laboral acorde a los tiempos que corren”. Recordó que el empleo privado no crece desde hace 15 años y apuntó contra los privilegios sindicales que traban la generación de puestos genuinos.
Una fuente cercana al Presidente también aportó una visión cruda sobre la dinámica actual del sindicalismo: “Si siguen rompiendo mucho las pelotas y no aflojan, no sé cuánto tiempo más se puede frenar la Ley de Democracia Sindical”.
Este proyecto, impulsado por legisladores del PRO y la UCR, plantea eliminar la cuota solidaria, establecer límites a la reelección de los dirigentes gremiales y exigir mayor transparencia en el manejo de las obras sociales. Si bien hoy no cuenta con el aval del Ejecutivo, podría activarse si la CGT radicaliza su postura.
