El Gobierno de Javier Milei avanza con un nuevo capítulo en su plan de ajuste y reducción del Estado: la disolución de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), un organismo clave en la supervisión del transporte terrestre, tanto ferroviario como automotor. La medida, impulsada por Federico Sturzenegger desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, y coordinada con la Secretaría Legal y Técnica que responde a Santiago Caputo, marcará un nuevo reordenamiento de poder interno.
En las próximas semanas se oficializará un decreto que determinará la eliminación o fusión de distintas áreas públicas. Entre ellas, la CNRT, cuya desaparición transferirá sus funciones a la Secretaría de Transporte que conduce Franco Mogetta, bajo la órbita del ministro de Economía Luis «Toto» Caputo.
Desde la Casa Rosada confirmaron que los detalles aún se definen. «Hay en estudio un decreto para eliminar o fusionar varias áreas que necesitan una simplificación. El tema lo sigue Legal y Técnica y se están definiendo plazos y alcances», señalaron fuentes oficiales.
Un organismo bajo la lupa
La CNRT cuenta con un presupuesto anual de $22.367 millones y es responsable de tareas esenciales como el control de servicios, la evaluación psicofísica de conductores, la emisión de tasas, la aplicación de sanciones y la fiscalización de concesiones ferroviarias. Su disolución implica un rediseño completo en la estructura de fiscalización del transporte argentino.
Bajo la conducción de Edgar Pérez, dirigente vinculado al schiarettismo cordobés, la CNRT sobrevivió a los primeros meses de gestión libertaria. Sin embargo, las críticas internas, sumadas al avance de funcionarios más cercanos a la nueva administración, terminaron sellando su suerte.
La reconfiguración del área también responde a la necesidad de Milei de reducir estructuras y recortar gastos. Pero, en el trasfondo, emerge una fuerte disputa por el control político de los organismos estratégicos.
Internas, presiones y renuncias
El movimiento hacia la disolución de la CNRT expuso además las tensiones internas en el Gabinete nacional. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, venía reclamando desde hace meses que áreas como la CNRT y la Agencia de Seguridad Vial pasaran a su cartera, tal como ocurre en otros países. Aunque su pedido no prosperó, evidencia las disputas subterráneas por el control de funciones claves.
En medio de esta transición, se produjo una renuncia significativa: Javier Fábregas, gerente de fiscalización de transporte automotor, presentó su dimisión y retiró sus pertenencias de la sede en Retiro. Fábregas había sido impulsado por Karina Milei para controlar de cerca la gestión de Pérez, pero su influencia fue diluyéndose con el correr de los meses.
La avanzada de Sturzenegger y Caputo
La definición de la nueva estructura está en manos de dos figuras clave del Gobierno: Sturzenegger, responsable de ejecutar el plan de desregulación estatal, y María Ibarzábal Murphy, flamante secretaria de Legal y Técnica, cercana a Santiago Caputo.
Este movimiento, coordinado con el equipo económico, responde a una lógica de concentración de funciones bajo ministerios fuertes como Economía y, en menor medida, Seguridad.
Para Milei, la motosierra no solo implica reducir gastos, sino también reorganizar el tablero de poder. Con la disolución de la CNRT, busca desarmar estructuras de gestión vinculadas a acuerdos políticos anteriores y fortalecer a sus propios cuadros.
El futuro del transporte bajo el nuevo esquema
La eliminación de la CNRT plantea interrogantes sobre el futuro del control del transporte público en el país. Hasta ahora, el organismo tenía a su cargo la fiscalización del cumplimiento de normas de seguridad y calidad en trenes y colectivos, así como el control de licencias y sanciones.
Su disolución trasladará esas tareas a la Secretaría de Transporte, pero resta saber si la nueva estructura garantizará el mismo nivel de supervisión o si habrá una pérdida de capacidad operativa en el corto plazo.
Entre los gremios y los operadores del sector existe preocupación por la posible desarticulación de controles y el impacto que ello podría tener en la seguridad del transporte.
Un cambio en clave política
Más allá de la cuestión técnica, la disolución de la CNRT simboliza otro avance en la estrategia de Milei de “dinamitar la casta” y achicar el Estado. Pero también refleja una consolidación del poder interno en manos de Sturzenegger, Caputo y el círculo íntimo presidencial, desplazando a sectores que hasta ahora habían logrado mantenerse a resguardo.
En las próximas semanas, se espera que el Gobierno anuncie formalmente el nuevo esquema, junto a otros cambios administrativos que profundizarán el ajuste sobre las estructuras estatales.
