El ministro de Defensa, Luis Petri, volvió a defender con énfasis la autorización para que las Fuerzas Armadas detengan civiles en la frontera norte en casos de delitos en flagrancia. Pero lo que más llama la atención de su propuesta es que los soldados enviados a esas zonas no portarán armamento letal, sino «armas no letales, chalecos y drones». Una medida que parece más pensada para cubrirse legalmente que para cumplir una función militar.
«¿A vos te parece que eso es un problema?», desafió Petri este miércoles en diálogo con radio Mitre, acusando de «prejuicio ideológico» a quienes cuestionan la medida. El ministro invocó el artículo 183 del Código Procesal Penal, que permite a cualquier ciudadano detener a un delincuente en flagrancia, y argumentó que no debería haber escándalo si ese criterio se aplica también a las Fuerzas Armadas.
La contradicción es evidente: se movilizan tropas a zonas inhóspitas de frontera bajo la bandera de «defender la soberanía» y «proteger a los argentinos», pero se les prohíbe actuar con armamento de guerra. ¿Para qué se moviliza al Ejército, si no se le permite actuar como tal? Petri parece responder con un equilibro artificial: «Los efectivos no estarán en pasos fronterizos legalmente habilitados ni en centros poblados».
El decreto 1112 que firmó el gobierno de Javier Milei habilita una interpretación elástica del rol de las Fuerzas Armadas en seguridad interior, algo que históricamente se ha intentado evitar en la democracia argentina. Petri lo justifica como una medida necesaria ante la supuesta inacción previa por «sesgo ideológico», pero el problema no es solo ideológico: es operativo, estratégico y legal.
Petri utiliza al ejercito como estrategia política
Resulta difícil pensar que un soldado, entrenado para la guerra, pueda cumplir funciones efectivas de control territorial o prevención del delito si solo cuenta con armamento no letal y drones. Además, el hecho de que no puedan intervenir en centros poblados ni pasos oficiales deja la pregunta abierta: ¿van a estar en medio de la nada esperando un delito flagrante para detener a un civil?
En vez de robustecer el sistema de seguridad con más equipamiento para Gendarmería o coordinación con Migraciones, se recurre al Ejército sin permitirle actuar plenamente. La frontera queda, así, como una zona gris: ni protegida del todo, ni libre del riesgo de militarización. Una paradoja que podría costar caro.
