El oficialismo y el PRO impulsan el tratamiento del proyecto de ley que propone reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años para menores que cometan delitos graves. Este martes, buscarán firmar el dictamen en las comisiones de Legislación Penal, Justicia, Familia y Presupuesto, con el objetivo de tratarlo en la Cámara de Diputados cuanto antes.
La propuesta cuenta con el respaldo de los bloques de La Libertad Avanza (LLA), el PRO, la UCR, la Coalición Cívica, Innovación Federal y un sector del Frente Renovador liderado por Sergio Massa. Aunque el Gobierno abogaba inicialmente por fijar la edad en 13 años, las negociaciones apuntan a un consenso en torno a los 14 años, como propone el diputado massista Ramiro Gutiérrez.
El proyecto establece que no se podrán imponer reclusiones perpetuas a menores, y el máximo de prisión será de 20 años, incluso en casos de concurrencia real de múltiples delitos. Además, incluye medidas para la resocialización y rehabilitación, como programas educativos, de formación ciudadana, actividades deportivas y tratamientos médicos cuando sea necesario. También propone la figura de un supervisor que acompañe al joven infractor en su proceso de reintegración, y contempla alternativas al cumplimiento de condenas, como arresto domiciliario, institutos abiertos o centros especializados en detención de menores, además de la cárcel. La posibilidad de revisar la pena tras cumplir dos tercios de la condena, para continuar el resto bajo un régimen domiciliario, también está prevista.
El proyecto fue enviado al Congreso en junio de 2024 y ya se discutió en varias instancias, incluyendo siete reuniones el año pasado y dos en marzo de este año. La presidenta de la comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, convocó a una nueva reunión para lograr el máximo consenso posible.
El Gobierno apura para bajar la edad de imputabilidad
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, enfatizó durante una sesión informativa el 15 de abril la necesidad de aprobar esta iniciativa. «Quien comete un delito de adulto debe pagar una pena de adulto», subrayó Francos, en defensa de la propuesta gubernamental. Con el dictamen esperado este martes, el oficialismo busca consolidar el apoyo necesario para llevar el proyecto al recinto y marcar un cambio significativo en el tratamiento penal de menores.
De hecho, consideran que esta posible ley sería el primer paso para dar una reforma al Código Penal, el cual ya adelantaron desde el Gobierno que les gustaría modificarlo. Lograr media sanción en esta iniciativa antes de las elecciones sería una inyección para LLA que busca potenciar su campaña con esta estrateia parlamentaria.
