En medio de una creciente tensión política, el Senado de la Nación se prepara para votar este miércoles una ley que podría marcar un antes y un después en la política argentina: la Ley de Ficha Limpia. Si el oficialismo no interviene con una maniobra de último momento, el proyecto será aprobado y se convertirá en un serio revés para el kirchnerismo.
La norma —que ya cuenta con 38 votos asegurados contra 34 del bloque K— impide que personas condenadas en segunda instancia por delitos vinculados a la corrupción, la administración pública o la violencia de género puedan presentarse a cargos electivos. La medida tendría impacto directo sobre figuras como Cristina Fernández de Kirchner, que se verían inhabilitadas para competir en futuras elecciones.
“El oficialismo intentó cajonear el proyecto durante meses”, reveló una fuente parlamentaria, confirmando que hubo presiones desde la Casa Rosada para demorar la votación. Uno de los señalados fue el funcionario José Rolandi, que, según el senador José María Carambia, pidió frenar el tratamiento previsto para el 9 de abril.
La diputada del PRO Silvia Lospennato, principal impulsora de la iniciativa y actualmente candidata a legisladora porteña, fue clave en el giro del escenario. “No hay más excusas. Los senadores deben votar si están del lado de la ética pública o del lado de los corruptos”, afirmó en declaraciones recientes, luego de apuntar contra los legisladores que —según dijo— “responden a la estrategia del kirchnerismo para seguir garantizando impunidad”.
El contexto también tiene una lectura electoral: la Casa Rosada temía que la sanción de la ley se convirtiera en una victoria política para el PRO, y especialmente para Lospennato. Por eso, el expediente fue ralentizado durante tres meses, en un intento por diluir su efecto mediático. Sin embargo, la estrategia no funcionó.
Además de Ficha Limpia, el Senado debatirá pliegos diplomáticos clave como el de Alejandro Oxenford y Wenceslao Bunge Saravia, así como la designación de Emilio Viramonte Olmos al frente de la Secretaría Administrativa, un cargo de poder estratégico para la vicepresidenta Victoria Villarruel.
El miércoles se perfila como un día de alto voltaje político, donde se pondrá a prueba no solo la transparencia institucional, sino también la capacidad del oficialismo para sostener su agenda frente a un Congreso cada vez más fragmentado.
