Este martes, en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, el oficialismo y bloques aliados intentarán avanzar con el dictamen de un nuevo Régimen Penal Juvenil. El proyecto propone reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, junto a un paquete de medidas complementarias para adolescentes en conflicto con la ley. Sin embargo, el kirchnerismo buscaría frenar el dictamen
La iniciativa cuenta con el respaldo del Gobierno, el PRO y sectores afines, pero enfrenta una fuerte resistencia del kirchnerismo, la izquierda, organismos de derechos humanos y la Iglesia Católica. El debate, que se aceleró tras el asesinato de Kim Gómez a manos de dos menores, será abordado en una reunión conjunta de las comisiones de Legislación Penal, Familias, Presupuesto y Justicia.
El proyecto consensuado deroga la Ley 22.278, vigente desde 1980, y busca establecer una normativa integral adaptada a estándares internacionales en materia de infancia. El texto incluye 53 artículos distribuidos en once capítulos, con aportes de especialistas y funcionarios de distintas áreas.
Un debate con posiciones encontradas
El bloque de Unión por la Patria se manifestó mayoritariamente en contra de bajar la edad de imputabilidad. Sin embargo, algunas voces internas, como la del diputado massista Ramiro Gutiérrez, presentaron propuestas que también fijan en 14 años el umbral de punibilidad. A pesar de las diferencias, el kirchnerismo buscará bloquear el dictamen en el plenario de comisiones.
Desde la Iglesia, el obispo Dante Braida expresó su preocupación. En diálogo con Infobae, señaló que «poner en situación de encierro a un chico no soluciona el problema de raíz». En ese sentido, la Pastoral Social de la Iglesia Católica se sumó a los cuestionamientos, alineándose con las organizaciones que piden enfoques no punitivos.
El oficialismo aclaró que la baja de la edad no implicará automáticamente la prisión de todos los menores. Por el contrario, el régimen contempla penas alternativas, programas de inclusión social, y medidas educativas y terapéuticas. Entre ellas: asesoramiento interdisciplinario, acceso al empleo, tratamiento psicológico y obligación de presentarse ante la justicia.
Garantías procesales y enfoque integral
Uno de los puntos destacados del proyecto es la incorporación de garantías procesales específicas para adolescentes. Se establece la defensa legal desde el inicio, el principio de “in dubio pro minoris” y la proporcionalidad en las sanciones. También se prohíben las penas perpetuas y se fija un límite de cumplimiento efectivo.
Las modalidades de privación de libertad incluyen desde la prisión domiciliaria hasta institutos especializados. Además, se promueve la resocialización y se prohíbe el alojamiento de menores en cárceles comunes. Esto responde a una preocupación extendida: actualmente, adolescentes de menos de 16 años se encuentran detenidos en condiciones irregulares en distintas provincias.
El proyecto fue elaborado con el aporte de diputados de distintos espacios políticos. Incluye mecanismos de monitoreo electrónico, servicios comunitarios, reparación del daño y restricciones específicas, como la prohibición de conducir o de acercarse a las víctimas.
? Monseñor Dante Braida, obispo de La Rioja y presidente de la Comisión de Pastoral Social, expresó la preocupación de la Iglesia frente al proyecto que busca reducir la edad de imputabilidad penal a 14 años.
— Radio Mitre (@radiomitre) May 4, 2025
? En medio del debate legislativo, pidió más tiempo a los diputados… pic.twitter.com/dZ1i0iS2yQ
