Un nuevo proyecto de ley busca endurecer las penas por agresiones a docentes, choferes y personal de salud durante el ejercicio de sus funciones. La propuesta fue presentada por el senador radical Maximiliano Abad y se conoció pocas horas después de que un colectivero fuera apuñalado durante un asalto en La Matanza. El hecho reactivó el reclamo de mayor protección para quienes prestan servicios
esenciales.
Más protección para trabajadores esenciales
La iniciativa propone una modificación al Código Penal. Plantea que cualquier delito cometido “con motivo u ocasión” del trabajo de la víctima tenga una pena aumentada en un tercio del mínimo y del máximo. La medida alcanzaría a trabajadores de la educación, del sistema de salud y del transporte público.
“Estamos frente a una escalada de violencia contra personas que prestan servicios esenciales”, sostuvo Abad. “Si no protegemos a quienes educan, curan y trasladan a la ciudadanía, el costo social se multiplica”, agregó.
El legislador remarcó que la violencia sufrida por estos sectores no solo afecta a los trabajadores, sino que también repercute directamente en la comunidad.
Consecuencias sociales y respaldo gremial
Suspensiones de clases, guardias cerradas y paros de colectivos son algunas de las consecuencias que provocan este tipo de ataques. Por eso, el proyecto apunta a desincentivar esas conductas con un castigo más severo que el actual.
Según Maximiliano Abad, la propuesta responde a un reclamo extendido de gremios docentes, colegios médicos y sindicatos del transporte. “Los trabajadores esenciales merecen un paraguas de protección específico”, indicó. “Agravar las penas es un mensaje claro: la violencia no puede ser parte de la rutina laboral”.
El senador consideró que no alcanza solo con sancionar. También pidió políticas de prevención. “La ley debe disuadir, pero el Estado tiene que prevenir. Las escuelas, hospitales y unidades de transporte deben ser espacios seguros”, afirmó.
Para el legislador, permitir que estas agresiones se repitan implica naturalizar un nivel de violencia inaceptable. “Estas conductas atemorizan y conspiran contra la convivencia y la atención de servicios. Es hora de poner límites”, concluyó.
Con este proyecto, Abad busca instalar una política clara: quien agreda a un docente, chofer o personal de salud en el marco de su trabajo deberá enfrentar consecuencias más duras que las previstas hoy. En medio de un clima social tenso, y mientras el gobierno de Javier Milei enfrenta reclamos por seguridad y condiciones laborales, el senador insistió en que “la violencia no puede ser parte de la rutina laboral”.
