El Gobierno nacional ultima detalles de un proyecto de ley que apunta a consolidar el esquema de desregulación fiscal anunciado en los últimos días, orientado a facilitar el uso de dólares no declarados sin generar consecuencias legales para los contribuyentes. La iniciativa busca, entre otros aspectos, modificar la Ley Penal Tributaria y la Ley de Procedimiento Fiscal para asegurar que quienes ingresen divisas al sistema formal no queden expuestos a futuras sanciones.
La propuesta será enviada al Congreso en los próximos días y contempla, entre sus puntos más relevantes, una suba del umbral a partir del cual se considera delito de evasión: el monto pasaría de los actuales $1,5 millones a $100 millones. También se estudian recortes en los plazos y las atribuciones de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo que quedó bajo la lupa en medio de la nueva estrategia oficial.
Cambios en el régimen fiscal: qué se propone
Además de ampliar el monto mínimo que define la evasión penal, el Ejecutivo quiere reducir los plazos de revisión retroactiva que actualmente tiene ARCA. Hoy, el organismo puede investigar hasta seis años hacia atrás. La intención oficial es recortar ese período a cuatro años, con el argumento de que ningún contribuyente se animará a gastar dólares en blanco si existe riesgo de ser auditado por operaciones pasadas durante tanto tiempo.
El proyecto también prevé modificaciones sobre los plazos de prescripción, los procesos de presunciones, la determinación de oficio y un ajuste en las facultades discrecionales del ente recaudador. En concreto, Economía busca evitar que, ante un crecimiento patrimonial declarado en 2025, ARCA pueda iniciar investigaciones por ingresos no declarados ocurridos en años anteriores.
“Todo apunta a que van a mandar uno o dos proyectos de ley que impidan que ARCA pueda ir para atrás, porque si no, ninguno de los anuncios puede funcionar. ¿Quién va a ir a gastar 45.000 dólares sin declarar si saben que lo pueden perseguir por los próximos seis años?”, planteó un diputado de la oposición que sigue de cerca los temas fiscales.
Impacto en Ganancias e IVA: tensión con las provincias
Uno de los puntos más sensibles del debate tiene que ver con la incidencia que estas medidas podrían tener sobre los ingresos de las provincias. Tanto el Impuesto a las Ganancias como el IVA son coparticipables, y una flexibilización en los controles tributarios podría derivar en una merma de recaudación.
“Hay que ver cómo hablan con los gobernadores, porque son la llave últimamente en Diputados, donde están tallando fuerte”, señaló una legisladora opositora. La preocupación es que la baja en la recaudación nacional termine afectando directamente a los recursos que las provincias reciben por coparticipación.
Por eso, más allá de los cambios propuestos al régimen de Ganancias, el Gobierno también deberá contemplar mecanismos para compensar el eventual impacto sobre las cuentas provinciales, especialmente en un contexto de ajuste fiscal y reducción de transferencias discrecionales.
Tiempos legislativos: la presión del Congreso
En el Congreso hay expectativa sobre el ingreso del proyecto. Algunos legisladores advierten que, si la ley no se presenta en la próxima semana, todo el paquete podría quedar desdibujado. “Pusieron al ministro de Economía, al presidente del BCRA y al titular de ARCA a explicar la medida; sería un papelón que se hagan los sotas. Ellos tienen como costumbre anunciar cosas y después tardan en mandarlas, lo hicieron con Bases y con hojarasca que nunca se trató; pero esto sería mucho”, advirtió un diputado del PRO.
La Casa Rosada dejó trascender que el texto podría enviarse después del 10 de diciembre, lo que generó dudas sobre su viabilidad. “El gobierno busca que se mueva plata que hoy no está registrada. Me parece difícil que eso suceda si no mandan rápidamente la ley. ¿Quién se va a exponer en el nuevo régimen de Ganancias a partir del 1 de junio y quedar expuesto hasta la declaración de 2026?”, remarcó un legislador que pidió reserva.
Blindaje legal: el objetivo político detrás del proyecto
El Poder Ejecutivo busca asegurar que las medidas anunciadas esta semana queden protegidas ante eventuales cambios de signo político. Así lo expresaron en el comunicado de la Oficina del Presidente, donde se afirmó que “la forma de blindar lo anterior frente a una nueva eventual administración es con la aprobación del proyecto de ley que el Poder Ejecutivo estará enviando al Congreso”.
En este sentido, el oficialismo aspira a que el nuevo marco legal genere previsibilidad jurídica para quienes decidan blanquear o utilizar dólares atesorados fuera del sistema. Sin ese blindaje, todo el esquema de flexibilización podría quedar limitado a la voluntad de una gestión que todavía no logró consolidar respaldo parlamentario.
