El diputado nacional Oscar Agost Carreño, de Encuentro Federal, presentó un proyecto de ley en Diputados que busca regular la compra de inmuebles bajo la modalidad conocida como «en pozo». Este tipo de inversión, cada vez más utilizada en el país, permite a los compradores adquirir propiedades en etapas de desarrollo, pero actualmente carece de un marco normativo que garantice la seguridad de sus inversiones y evite abusos por parte de los desarrolladores de inmuebles.
La iniciativa se propone como un complemento a la Ley de Defensa del Consumidor y toma como referencia experiencias de países como España, México y Estados Unidos. Según Carreño, la normativa apunta a garantizar un mayor nivel de transparencia en las operaciones, asegurar el uso correcto de los fondos aportados y establecer mecanismos efectivos de sanción frente a incumplimientos. El objetivo es brindar una protección integral a los compradores, garantizando la ejecución responsable y la entrega en tiempo y forma de las obras comprometidas.
Cómo es el proyecto
El proyecto establece que los fondos aportados por los compradores solo podrán ser destinados a la obra en cuestión, buscando evitar desvíos hacia otros fines. Además, impone la obligación de presentar balances anuales auditados y reportes trimestrales que detallen el estado de avance de las obras, así como los plazos previstos y posibles demoras. También se incluye la creación de un Fondo de Garantía, que permitirá a los compradores recuperar sus aportes en caso de incumplimientos por parte de los desarrolladores.
Otro eje importante de la propuesta es la creación de un Registro Nacional de Desarrolladores Inmobiliarios, obligatorio para todas las personas o empresas que quieran llevar adelante proyectos en esta modalidad. Este registro permitirá un mayor control estatal sobre las actividades de los desarrolladores, asegurando estándares de calidad y cumplimiento. Además, el proyecto prevé sanciones económicas por demoras injustificadas y endurece las penas penales para casos de estafa o abuso de confianza, incluyendo la modificación del Código Penal para castigar con entre 2 y 8 años de prisión a quienes perjudiquen económicamente a los compradores.
Para Agost Carreño, el caso de Márquez & Asociados, que afectó a más de 4.000 familias, es un claro ejemplo de los riesgos que conlleva la falta de regulación específica. Según el diputado, la propuesta que ya se encuentra en Diputados no busca limitar el crecimiento del sector, sino proteger a los consumidores y fomentar prácticas responsables. Carreño resaltó que muchos desarrolladores operan de manera seria y transparente, pero que los casos de incumplimiento generan temor y desconfianza en quienes buscan adquirir una vivienda a través de este tipo de inversiones.
El proyecto busca equilibrar los intereses del sector con la necesidad de garantizar un acceso seguro a la vivienda, estableciendo reglas claras que permitan el desarrollo de la modalidad «en pozo» con la confianza de todas las partes involucradas. De esta forma, se apunta a proteger los ahorros y sueños de miles de familias argentinas, al tiempo que se consolida un marco regulatorio que brinde seguridad y previsibilidad en el mercado inmobiliario.
