Un fallo de la Justicia laboral suspendió los puntos clave del DNU 340/2025, que había sido impulsado por el Gobierno de Javier Milei para limitar el derecho a huelga. La jueza Moira Fullana hizo lugar al amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT) y ordenó el cese provisorio de los artículos 2 y 3 del decreto, al considerar que una reforma de este tipo debe pasar por el Congreso.
La medida representa un revés para el Poder Ejecutivo, que había endurecido las condiciones para declarar una medida de fuerza en sectores considerados esenciales o estratégicos como el transporte, la educación y la salud. Según argumentó la CGT en su presentación, el decreto «viola el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y vulnera tratados internacionales con jerarquía constitucional».
«El derecho a huelga no puede ser modificado por decreto. Requiere discusión parlamentaria y participación de los sectores involucrados”, sostuvieron desde la central obrera. El escrito también advierte que la normativa afectaba de forma directa la libertad sindical y debilitaba la negociación colectiva en el país.
El fallo establece que la suspensión de los artículos será provisoria, al menos hasta que se resuelva de forma definitiva si el decreto es válido o no. Mientras tanto, continuará vigente la legislación actual sobre derecho a huelga, que garantiza la posibilidad de realizar medidas de fuerza respetando ciertos servicios mínimos solo en áreas estrictamente esenciales.
Desde la Casa Rosada no hubo declaraciones oficiales tras la resolución judicial. No obstante, fuentes cercanas al Ejecutivo dejaron trascender que se evalúa apelar el fallo para llevar el tema a una instancia superior, probablemente la Corte Suprema, en medio de una disputa que se anticipa extensa.
El festejo del sindicalismo y la CGT tras el fallo a favor
La decisión judicial se da en un clima de creciente tensión social y laboral. Las protestas en el Hospital Garrahan y el paro de transportes en distintas regiones del país fueron algunos de los conflictos más recientes que pusieron a prueba la normativa. Desde la CGT celebraron el fallo como «un triunfo de la democracia» y anticiparon que seguirán «en la calle y en la Justicia para defender los derechos de los trabajadores».
El DNU 340/2025 había sido criticado por organizaciones sindicales y de derechos humanos, ya que ampliaba la lista de actividades definidas como esenciales, incluyendo áreas como educación y transporte, lo que restringía significativamente la posibilidad de ejercer el derecho a huelga. La suspensión dispuesta por la jueza Fullana vuelve a poner en el centro del debate el equilibrio entre reforma del Estado y respeto a las garantías constitucionales.
