Un grupo de senadores de Unión por la Patria presentó un proyecto en el Senado para que los funcionarios públicos repatrien al menos el 50% de los fondos en el exterior que hayan declarado ante la AFIP. La medida alcanzaría a integrantes de los tres poderes del Estado y lleva como título “Ley de recuperación de la confianza financiera”.
Quieren que los funcionarios traigan sus fondos en el exterior
Según el texto, quienes no cumplan con lo establecido tendrán un plazo de 30 días para presentar su renuncia al cargo. Además, se prohíbe cualquier tipo de maniobra para simular el traspaso de los bienes. Es decir, no podrán realizar transferencias que busquen ocultar la verdadera titularidad de las cuentas o inversiones radicadas fuera del país.
El proyecto toma como base las declaraciones de varios funcionarios del Gobierno nacional sobre la necesidad de que los argentinos vuelvan a confiar en el sistema financiero local. Según los autores, esa confianza debe empezar desde el propio Estado, y no solo con discursos, sino con acciones concretas.
“La propuesta legislativa encuentra sus fundamentos en los dichos de numerosos funcionarios del gobierno nacional con respecto a poner en circulación los ahorros en dólares que los ciudadanos argentinos atesoran fuera de las instituciones bancarias”, señala el texto. El objetivo principal, afirman, es fortalecer las reservas de divisas y dar una señal clara de compromiso con la economía nacional.
Exigirán señales claras para recuperar la confianza financiera
De acuerdo con los senadores de Unión por la Patria, los funcionarios deben ser los primeros en dar el ejemplo y mostrar coherencia con las políticas que promueven. Repatriar parte de sus bienes, explican, no solo implica un gesto político, sino una muestra concreta de que confían en el rumbo económico del país.
Aunque el proyecto aún no tiene fecha para su tratamiento en el recinto, ya genera repercusiones dentro del oficialismo y la oposición. Algunos sectores consideran que la norma apunta más a lo simbólico que a lo práctico, mientras que otros señalan que, de aplicarse con controles efectivos, podría marcar un precedente importante.
La propuesta incluye herramientas para detectar maniobras de ocultamiento y plantea sanciones en caso de incumplimiento. Según sus impulsores, la clave está en que los controles sean claros y que el mensaje llegue: los funcionarios que tengan fondos en el exterior deben traer al menos el 50% al país o dejar sus cargos. La discusión se da en un contexto en el que el gobierno de Javier Milei insiste en la necesidad de atraer inversiones y fortalecer las reservas internacionales.
