Con la mira puesta en una nueva etapa de ajuste, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, prepara una batería de 13 decretos para reorganizar organismos estatales, intervenir en áreas sensibles del Ministerio de Economía, Capital Humano y Salud, y avanzar sobre competencias de la Secretaría de Trabajo. La ofensiva llega tras el reciente paquete de medidas que eliminó beneficios para Tierra del Fuego y restringió el derecho de huelga.
Según confirmaron fuentes oficiales, el plan de Sturzenegger se ejecutará en varias fases. La primera apuntó contra entes vinculados a la Secretaría de Cultura. Ahora, la etapa actual incluye áreas dependientes de Agricultura e Industria, y continuará con Salud, Transporte y, finalmente, Trabajo.
Uno de los blancos centrales es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), bajo la órbita del secretario Sergio Iraeta. Se prevé una reducción del presupuesto, despidos, cierre de sedes y un rediseño del sistema de gobernanza. Además, no se descarta la venta de campos o propiedades del organismo.
«El presupuesto del INTA es el equivalente a la mitad de las retenciones del maíz: tiene 6.000 personas, 3.000 vehículos y necesita un rediseño integral», sostuvo recientemente Sturzenegger.
Presiones internas y tensiones con el campo
La reestructuración del INTA reavivó el conflicto con la Mesa de Enlace, las facultades del sector agropecuario y entidades como AACREA, que tienen ocho asientos en el directorio frente a los tres del Ejecutivo. La intención del Gobierno es modificar este equilibrio para concentrar el control.
En paralelo, se avanza sobre el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que depende de la Secretaría de Industria y Comercio. La intención es que organismos como el INTA, el INTI y otros descentralizados pasen a depender de la administración central, lo que permitiría un mayor margen de recorte.
Senasa, ANMAT y una advertencia sobre la calidad
Entre los organismos apuntados también figuran el Senasa y la ANMAT, claves para los controles agroalimentarios y sanitarios. La posibilidad de una reorganización preocupa a especialistas por una eventual reducción de los controles de calidad.
Desde el entorno de Sturzenegger afirman que las reformas se coordinan con cada ministerio y el área de Legal y Técnica. «Si hay funciones duplicadas, se reducirán cargos», explican.
Trabajo y Capital Humano, próximos en la lista
La Secretaría de Trabajo, que encabeza Julio Cordero, también está bajo revisión. La cartera de Caputo ya mostró su intervención en temas laborales: bloqueó la homologación de la paritaria de Comercio por superar el techo del 1% mensual, en un contexto donde las negociaciones salariales son clave para contener la inflación.
En tanto, Capital Humano eliminó en los últimos meses 15 programas sociales. Sin embargo, en el Gobierno consideran que el ajuste no es suficiente. Circulan rumores de un traspaso de competencias desde Trabajo hacia Economía, una medida que tendría precedentes históricos, como el caso de Álvaro Alsogaray en los años 60 y Mauricio Macri en 2018.
Transporte y ANAC, en el radar
El área de Transporte, que recientemente quedó en manos de Luis Pierrini tras la salida de Franco Mogetta, también será reestructurada. En particular, se planea un ajuste en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), que implicaría la eliminación de más de 1.300 cargos entre despidos, retiros voluntarios y reducción de jerarquías.
Desde ANAC, sin embargo, negaron que se trate de un plan oficial y aclararon que el proyecto circulado fue enviado por un exdirector ya renunciado, sin aval de la gestión actual.
Gremios en alerta y uso de facultades delegadas
Sturzenegger pretende aprovechar al máximo las facultades delegadas por la Ley Bases, que caducan el 8 de julio. El ministro ya activó la resolución 63/2025, que habilita desde el 1 de julio la baja de contratos de empleados descentralizados que no aprueben un examen de idoneidad.
El ajuste ya afectó a 47.000 empleados públicos, lo que representa, según el Gobierno, un ahorro cercano a los 2.000 millones de dólares. Pero los gremios estatales advierten que lo peor aún no comenzó.
