El nuevo proyecto de ley que el Gobierno envió al Congreso introduce un cambio significativo en el impuesto a las Ganancias: ARCA solo podrá fiscalizar la última declaración jurada presentada por los contribuyentes. Esto significa que, aunque el plazo de prescripción por evasión se reduzca a tres años, el organismo no podrá revisar períodos anteriores si la persona se adhiere al nuevo régimen simplificado.
“Con esto limitamos la fiscalización al período de la última declaración jurada”, explicaron fuentes oficiales. “Presumimos la buena fe de la gente, salvo que se detecte una falsedad”. Este principio, denominado “presunción de exactitud”, es uno de los pilares del nuevo sistema, que apunta a reducir el carácter persecutorio del régimen tributario.
El régimen está destinado a personas humanas y sucesiones indivisas con ingresos de hasta $1.000 millones y patrimonios de hasta $10.000 millones. Para acceder, esa condición debe verificarse en el año anterior y en los dos años previos, con el fin de evitar maniobras de desapoderamiento o planificación fiscal agresiva. Además, ARCA podrá incorporar requisitos adicionales, como el análisis del origen de las rentas.
Discrepancias y efectos liberatorios
El proyecto también establece que si un contribuyente acepta la propuesta de declaración del fisco y paga en término, quedará liberado de toda obligación sobre ese período fiscal. Este beneficio, sin embargo, no aplicará si se detectan ingresos omitidos, deducciones improcedentes o facturación apócrifa.
ARCA podrá intervenir si detecta una “discrepancia significativa” entre lo declarado y los datos en su poder. Este umbral será del 15%, es decir, si la diferencia entre ambas cifras supera ese porcentaje, se considerará un indicio suficiente para iniciar una fiscalización.
Ventana penal única y pago directo
Uno de los puntos más sensibles de la iniciativa es la creación de una “ventana única” para que los contribuyentes puedan evitar una denuncia penal por evasión si cancelan sus deudas con un único pago, antes de que ARCA judicialice el caso. Esta oportunidad, por única vez, contempla el pago total del capital y los intereses.
El artículo 11° del proyecto establece que si la persona paga la totalidad de la deuda antes de la denuncia, quedará eximida de toda acción penal. Incluso en casos donde ya exista una denuncia, el contribuyente podrá evitar la causa penal si paga la deuda, los intereses y un 50% adicional como penalización.
Un cambio de paradigma fiscal
“El objetivo es pasar de un régimen persecutorio a uno recaudador”, remarcaron desde el oficialismo. El nuevo sistema busca desalentar la judicialización de casos y priorizar la recuperación de fondos. “Favorece soluciones alternativas al proceso penal, pero solo si hay restitución plena y sanción económica adicional”, afirmaron desde la Casa Rosada.
El Gobierno estima que los nuevos criterios reducirán drásticamente las causas penales por evasión. Actualmente, ARCA mantiene activas 6.652 denuncias, pero con el nuevo piso de $100 millones para considerar una evasión simple, apenas 198 seguirían en curso.
