El Gobierno nacional endurecerá los controles sobre el cumplimiento de los bancos en su rol como agentes de retención del impuesto a los créditos y débitos bancarios, más conocido como «impuesto al cheque». Según fuentes oficiales, se prepara una batería de sanciones que incluirá multas y denuncias penales para las entidades que no transfieran lo recaudado al fisco en un plazo máximo de 15 días.
Desde la Secretaría de Ingresos Públicos sospechan que algunas entidades no están declarando ni transfiriendo en tiempo y forma los montos retenidos, lo que representaría una maniobra para generar rendimientos temporales con fondos que no les pertenecen. Uno de los casos investigados involucra movimientos por $2.200 millones en un solo mes.
Un tributo clave en la recaudación
El impuesto al cheque, cuya alícuota es del 1,2% sobre cada transacción bancaria, está entre los principales ingresos del Estado. En 2023, recaudó $9,4 billones, lo que representó un aumento interanual cercano al 200%. Actualmente, es el cuarto tributo más relevante detrás del IVA, los aportes a la Seguridad Social y el Impuesto a las Ganancias.
Cabe aclarar que no todas las operaciones están alcanzadas por el gravamen: quedan exentas, por ejemplo, las transferencias entre cuentas del mismo titular, los pagos de sueldos, jubilaciones y pensiones, y las acreditaciones de préstamos.
El incumplimiento de los bancos como agentes de retención no solo tiene un impacto financiero directo en las arcas del Estado, sino que también vulnera el principio de responsabilidad fiscal al que están sujetos quienes manejan fondos públicos de terceros.
El eje: presión sobre evasores y dólares fuera del sistema
La investigación se da en el marco de una ofensiva más amplia del Gobierno para mejorar la eficiencia recaudatoria. Este jueves, el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley que apunta a captar los «dólares del colchón», es decir, los ahorros en divisa estadounidense que los argentinos mantienen fuera del sistema bancario.
El texto incluye una modificación clave: el umbral a partir del cual se investigará una posible evasión baja de $1.500.000 a $100.000.000. También reduce a tres años el período de prescripción para este tipo de delitos y acota la posibilidad de iniciar denuncias penales exclusivamente a la nueva Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
En ese contexto, el cumplimiento del impuesto al cheque adquiere especial relevancia. En Economía consideran que mejorar el flujo de ingresos regulares es un paso clave para fortalecer las cuentas fiscales y crear condiciones de estabilidad que alienten a los ahorristas a regularizar sus fondos.
El mensaje del Gobierno es claro: habrá tolerancia cero con las demoras en la rendición de fondos públicos, incluso cuando el responsable sea un banco. Las entidades que retengan impuestos más allá de los plazos legales enfrentarán no solo multas económicas, sino también acciones penales por evasión.
