Cristina Kirchner, Corte Suprema y persecución política fueron algunos de los temas que encendieron la alarma en el Grupo de Puebla. Ante la posible confirmación de la condena en la Causa Vialidad, la organización y el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia difundieron un documento en el que advirtieron sobre una presunta prohibición a participar políticamente, en perjuicio de la expresidenta.
Advierten que se busca proscribir a Cristina Kirchner
El texto sostiene que la posible resolución judicial representa “un riesgo para el derecho a la defensa y a la participación política”. Además, remarcaron que se trataría de una causa “viciada por la parcialidad y arbitrariedad del tribunal”, con fines exclusivamente políticos.
En ese sentido, el comunicado acusa directamente al gobierno de Mauricio Macri como promotor de la denuncia. Según los firmantes, hubo “una ausencia total de pruebas directas” y se violaron principios constitucionales fundamentales, como el de no juzgar dos veces el mismo hecho.
Los firmantes también rechazaron el uso de teorías jurídicas como la imputación objetiva, señalando que se responsabiliza a la exmandataria por decisiones tomadas por funcionarios de menor jerarquía. Para ellos, esto constituye una peligrosa tendencia hacia un “derecho penal de autor”, que vulnera las garantías básicas del sistema legal argentino.
Acusan a la Corte Suprema de actuar con criterios ideológicos
El comunicado advirtió que si la Corte Suprema confirma el fallo, lo haría guiada por criterios “políticos e ideológicos”. En ese caso, afirmaron, se quebraría la separación de poderes y el derecho a ser elegido. “Esto elimina toda posibilidad democrática”, apuntaron.
También consideraron que el objetivo sería apartar a Cristina Kirchner de la vida política, para evitar que vuelva a competir electoralmente. Según el Grupo de Puebla, esto responde al “temor de ciertos sectores” ante su posible victoria.
“La sentencia, de confirmarse, no solo afectaría a CFK, sino también al peronismo y a quienes impulsan mejoras en la calidad de vida de los argentinos”, advirtieron.
Finalmente, convocaron a la comunidad internacional a estar alerta. Denunciaron una “conexión preocupante entre sectores del Poder Judicial y grupos mediáticos” que, según ellos, atentan contra la democracia y la justicia social.
El documento fue firmado por figuras como José Luis Rodríguez Zapatero, Rafael Correa, Ernesto Samper, Baltasar Garzón, Marco Enríquez-Ominami, Irene Montero, entre otros referentes de la política latinoamericana y europea.
