El diputado nacional Facundo Manes retiró su pedido para que la Corte Suprema interviniera por las amenazas de Santiago Caputo, asesor presidencial, tras el episodio ocurrido el 1° de marzo en el Congreso. Su defensa presentó un escrito para desistir del reclamo, y el máximo tribunal cerró el caso.
El incidente en el Congreso y la denuncia inicial
Durante la apertura de sesiones ordinarias, Caputo se acercó a Manes y, según el relato del legislador, le puso una mano en el rostro. Luego le dijo: “Vos para hacer lo que hiciste, tenés que estar limpio” y “ya me vas a conocer a mí”. Minutos antes, el presidente Javier Milei lo había increpado desde su banca.
Ese mismo día, Facundo Manes denunció amenazas agravadas. La causa recayó en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti. En marzo, la magistrada la archivó. Coincidió con el fiscal Ramiro González en que los hechos no configuraban delito.
Reveses judiciales y decisión final de Manes
La defensa del diputado apeló el archivo. Además, pidió que la Corte Suprema interviniera directamente mediante un per saltum. Pero la Cámara Federal porteña anuló el fallo de Capuchetti. También ordenó revisar si Manes podía actuar como querellante.
Ese fallo abría una nueva posibilidad para el legislador. Si lograba ese reconocimiento, podría impulsar pruebas y reactivar la investigación por las amenazas de Santiago Caputo. A pesar de eso, sus abogados, Andrés Gil Domínguez y Mariano Bergés, decidieron no continuar.
Presentaron un escrito para retirar el recurso extraordinario que habían llevado ante la Corte. El tribunal aceptó el pedido y dio por terminado el expediente.
El radicalismo busca bajar la tensión
Con esta decisión, el radicalismo da una señal de distensión hacia el oficialismo. Facundo Manes había sido uno de los diputados más críticos durante el discurso de Javier Milei en el Congreso. Su denuncia contra Caputo había generado un fuerte ruido político.El cierre del reclamo por las amenazas de Santiago Caputo marca el final de una etapa tensa entre sectores de la oposición y el gobierno. Sin una causa judicial activa, el conflicto regresa al terreno político, donde ambos actores seguirán midiendo fuerzas.
