El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, ordenó este viernes levantar la clausura que pesaba sobre las tres ferias del complejo conocido como La Salada, en Ingeniero Budge. La resolución judicial habilita la reapertura de Punta Mogote, Ocean y Urkupiña, aunque su funcionamiento estará sujeto a un régimen de control reforzado, con fiscalización permanente por parte de organismos nacionales.
La feria había sido clausurada el pasado 22 de mayo, tras una serie de allanamientos que derivaron en la detención de Jorge Castillo —apodado el “Rey de La Salada”— y varios de sus allegados. En cambio, Enrique Antequera, responsable de la feria Urkupiña, sigue prófugo.
El rol de la fiscalía y el nuevo esquema de control
Según la resolución a la que accedió la prensa, será la fiscal Cecilia Incardona quien definirá la fecha y modalidad en que las ferias podrán retomar la actividad comercial. La funcionaria, que encabezó la investigación por asociación ilícita, evasión y lavado de dinero, había sugerido reabrir Urkupiña bajo condiciones estrictas orientadas al blanqueo general de las operaciones.
Entre las medidas dispuestas, se incluyen la bancarización total de las transacciones, el registro obligatorio de cada comerciante según su categoría fiscal, y la presencia de inspectores permanentes de ARCA y del Ministerio de Trabajo. Además, se deberá designar un interventor judicial que reportará semanalmente sobre la actividad en los predios.
La presión de los feriantes y el trasfondo del caso
Desde la clausura, los trabajadores del predio habían intensificado sus protestas. Hubo cortes en Lomas de Zamora y manifestaciones frente a la sede de la fiscalía. La presión social, sumada a los reclamos de regularización por parte de distintos sectores, aceleró la reapertura, aunque bajo un esquema mucho más controlado.
La causa penal, sin embargo, continúa su curso. Las escuchas telefónicas que nutren la investigación exponen una trama de lujos, maniobras financieras, operaciones inmobiliarias y redes de encubrimiento. Durante más de un año, la Policía Federal intervino las comunicaciones de Castillo, su esposa Natalia Luengo y otros miembros del círculo cercano.
Viajes, propiedades y gastos millonarios
Uno de los elementos más reveladores del expediente es el viaje que Castillo y su familia realizaron a Emiratos Árabes y Maldivas entre diciembre y enero. Según la fiscalía, el paquete turístico habría costado cerca de 85 mil dólares. Las grabaciones muestran cómo Luengo organizaba el itinerario en contacto con agencias de viaje, mientras evaluaban otras opciones, como la compra de una casa en Costa Esmeralda.
«Ya que está, mandé a varias agencias», se la escucha decir en una llamada. «Uno dice que es caro, pero ¿qué es caro?», remató entre risas, al detallar el presupuesto de más de 8.000 dólares por persona para pasar Fin de Año en el exterior.
Más allá del folclore: escuchas que comprometen
Las grabaciones revelan además movimientos constantes en la residencia de la familia Castillo en el country Haras Argentino Farm Club, en Luján. Se detectaron visitas, reuniones por ventas de campos y alquileres de propiedades, así como transferencias de fondos y nombres de supuestos testaferros, muchos de los cuales están siendo investigados.
En paralelo, la mujer de Castillo intentó alquilar una propiedad en la calle Lavalle al 400, en Luján, y se la escuchó hablando con inmobiliarias para otras transacciones. En una de las conversaciones, la guardia del barrio le informa que llegó una persona para reunirse con su esposo “por la venta de un campo de acá de Torres”.
