La Justicia Federal reactivó el proceso para ejecutar el decomiso impuesto a Cristina Kirchner en el marco de la causa Vialidad. Se trata de una cifra monumental: $84.835 millones, equivalentes a unos 550 millones de dólares según la cotización actual. Para avanzar con la recuperación de ese monto, el Cuerpo de Peritos Tasadores de la Corte Suprema de Justicia comenzará a evaluar los bienes embargados que permanecen bajo tutela judicial. El procedimiento busca determinar el valor actualizado de cada activo, paso previo a su eventual liquidación.
Según confirmaron fuentes del expediente, una vez finalizada la tasación, los acusados —entre ellos Kirchner, Lázaro Báez y José López— tendrán un plazo de 10 días hábiles para realizar el pago. En caso contrario, la Justicia podrá avanzar con la ejecución de los bienes embargados o iniciar procesos de subasta para saldar la deuda con el Estado.
La causa Vialidad, que culminó con la condena de la expresidenta a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, incluyó además esta figura de decomiso solidario, lo que implica que cualquiera de los acusados puede cubrir la totalidad y luego repetir contra los demás. Si uno no paga, los demás también pierden sus bienes.
Un patrimonio distribuido
El detalle de los activos bajo análisis revela la magnitud del patrimonio embargado. Kirchner tiene cuentas bancarias en pesos y dólares, plazos fijos en bancos públicos y privados, una caja de seguridad, acciones bursátiles y más de veinte propiedades, la mayoría en la provincia de Santa Cruz. Entre las cuentas bancarias figuran cuatro cajas de ahorro en pesos, dos en dólares, un plazo fijo en el Banco Nación y cuatro plazos fijos en el Banco de Santa Cruz. También hay una caja de seguridad en el Banco Galicia y cuatro cuentas comitentes con inversiones financieras.
En el ámbito inmobiliario, sobresalen dos departamentos en la Ciudad de Buenos Aires: uno de 160 metros cuadrados ubicado en la intersección de Uruguay y Juncal, y otro de 77 metros cuadrados en Juncal al 2100. Ambos fueron mencionados en otras causas judiciales, como Cuadernos y la investigación sobre los bienes de Daniel Muñoz, el fallecido exsecretario presidencial.
Pero el núcleo patrimonial está en Santa Cruz. Allí figuran 24 propiedades: desde la casa familiar en Río Gallegos hasta la residencia en El Calafate y el hotel boutique Los Sauces. Todos estos bienes fueron donados a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner en 2016, una maniobra que entonces fue interpretada como preventiva frente al avance judicial. También forman parte del paquete las sociedades Hotesur S.A., Los Sauces S.A. y COMA S.A., todas con causas judiciales por lavado de activos.
La evolución de su riqueza
El crecimiento patrimonial de CFK y su familia entre 2003 y 2015 fue objeto de múltiples investigaciones. En 2003, su patrimonio declarado ascendía a $7 millones. En 2007 ya era de $25,5 millones, y en 2008 alcanzó los $47 millones. Durante la presidencia de Cristina, la cifra trepó hasta los $67 millones en 2010 y rozó los $72 millones en 2015, aunque este último monto se vio drásticamente reducido tras la donación de bienes a sus hijos, que llevó la cifra declarada a solo $3,5 millones en 2016.
Especialistas en derecho penal económico sostienen que esta evolución, sumada a la cesión patrimonial, puede ser utilizada como prueba indirecta de maniobras de ocultamiento o vaciamiento con fines judiciales, especialmente si se comprueba que los bienes no fueron efectivamente separados del control de la exmandataria.
Una ejecución inminente
El próximo paso dependerá del resultado de las tasaciones. Si los montos son suficientes, la Justicia avanzará en los embargos. En caso contrario, podría solicitar el decomiso de otros activos vinculados a los condenados, o incluso requerir la colaboración internacional para rastrear bienes en el exterior. En ese sentido, ya existen antecedentes de colaboración entre la Unidad de Información Financiera y autoridades de Uruguay y Estados Unidos.
Desde el entorno de Kirchner, por ahora, no hubo reacciones públicas. El kirchnerismo ha denunciado en otras oportunidades que el fallo de Vialidad forma parte de una «persecución política». Sin embargo, con la condena ratificada por la Corte Suprema, la defensa se concentra en frenar la ejecución del decomiso, alegando que algunos bienes están judicializados en otras causas.
A pesar de esos planteos, el proceso de ejecución patrimonial ya está en marcha. La cifra que busca recuperar el Estado es una de las más altas de la historia judicial argentina en casos de corrupción. En el centro de la escena vuelve a estar el mismo nombre que ha dominado la política argentina durante las últimas dos décadas: Cristina Kirchner.
