Desde hace más de siete años, Carlos Herrán no puede ver a sus hijos. La decisión fue legitimada por una serie de medidas tomadas por la jueza María del Rosario Rocca, titular del Juzgado de Familia N°6 de La Plata, quien no solo desestimó las pruebas presentadas por el padre, sino que también ignoró un diagnóstico oficial que advierte sobre un “trastorno psicótico grave” de la madre, Andrea Bogdan. A esto se suma su reciente procesamiento por incitación al odio por parte de la Justicia Federal.
El caso está atravesado por denuncias de manipulación judicial, filtración de pericias, abandono institucional y una presunta complicidad activa de la magistrada, por lo que Herrán presentó una denuncia ante el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, exigiendo su juicio político por mal desempeño.
De la falsa denuncia a la obstrucción de vínculo
Todo comenzó en 2018, cuando tras la separación, Herrán intentó pasar el Día del Padre con sus hijos. Pero Bogdan no solo le impidió verlos, sino que lo amenazó con que “unos pibes” lo estaban esperando para golpearlo. Tres días después, presentó una denuncia por violencia doméstica, mientras que Herrán denunció la obstrucción del vínculo, aportando como prueba el video del incidente. Sin embargo, la jueza Rocca no solo validó la versión de la madre sin investigar, sino que ordenó medidas cautelares inmediatas contra el padre.
A partir de allí, la exclusión del vínculo se volvió sistemática. Según la abogada Mariela Meconcelli, representante de Herrán en la causa de familia, la magistrada “jamás valoró la prueba del padre, ni siquiera lo recibió durante estos siete años”. La situación fue agravándose, con el dictado de nuevas perimetrales sin fundamentos ni revisión judicial.
Un perfil ideológico alarmante y un diagnóstico ignorado
Durante la pandemia, Herrán descubrió que su expareja participaba activamente en actividades neonazis. Videos, publicaciones y contenidos del grupo “Detrás De Lo Aparente”, en el que Bogdan aparecía como figura visible, fueron secuestrados por la Justicia. Entre ellos, un film titulado “El diario de Adolf”, con mensajes antisemitas y referencias al “Holocuento”. La DAIA ya la había denunciado en 2021.
En abril de este año, el juez federal Ernesto Kreplak procesó a Bogdan por violación a la Ley 23.592 contra la incitación al odio. A su vez, una pericia del Cuerpo Técnico Auxiliar del Poder Judicial de La Plata reveló que Bogdan presenta un “trastorno psicótico no especificado”, con delirios de superioridad racial, discurso antisemita y absoluto rechazo a cualquier tipo de autocrítica o abordaje terapéutico. La pericia recomendaba evaluar con urgencia a la menor a su cargo.
La jueza Rocca, sin embargo, no solo omitió cualquier medida de protección, sino que deliberadamente ocultó el informe oficial, dejando a la menor bajo la guarda exclusiva de su madre.
El informe fue filtrado a la madre y reemplazado
Las pruebas de la maniobra procesal aparecieron en otro fuero. Tras el secuestro del teléfono de Bogdan, peritado en el marco de la causa federal, surgieron mensajes de WhatsApp entre la imputada y su defensor oficial, Rafael Falivene. En ellos se comprobó que el informe pericial había sido entregado a la madre, mientras que se le negó al padre.
Bogdan buscó a otro profesional para obtener un psicodiagnóstico favorable, que presentó como prueba alternativa en el expediente de familia. Su abogado, también funcionario público, la felicitó y hasta pidió el contacto para otra causa “análoga”. Todo esto mientras Herrán seguía sin acceso al expediente ni a sus hijos.
Un daño irreparable bajo amparo judicial
Desde 2018, Herrán ha sido progresivamente borrado de la vida de sus hijos. Hoy, uno de ellos es mayor de edad y mantiene un silencio absoluto con su padre. La menor sigue bajo la tutela de la madre, pese a los informes que advierten del grave riesgo psicológico y la manipulación ideológica a la que podría estar expuesta.
“La Dra. Rocca no fue una espectadora. Fue garante de esta desvinculación forzada”, sostiene Patricia Anzoátegui, abogada que patrocina el pedido de juicio político. En el mismo sentido, Meconcelli afirma: “El sistema judicial ha protegido a una mujer con un diagnóstico severo y ha silenciado a un padre. La figura paterna fue deliberadamente eliminada”.
La denuncia presentada ante el Consejo de la Magistratura acusa a Rocca de obstrucción de prueba, parcialidad manifiesta, ocultamiento de informes oficiales y abandono institucional. Se trata de una conducta que, según el texto, “no puede ser entendida como negligencia”, sino como “un fallo ético grave”.
Padres vivos, hijos huérfanos
La gravedad del caso trasciende el expediente. Según la abogada Meconcelli, lo ocurrido con Herrán “es solo uno entre miles de padres excluidos por un sistema judicial que prefiere resolver con una perimetral antes que investigar”.
Herrán, que volverá a pasar el Día del Padre sin ver a su hija, denuncia no solo la injusticia personal, sino un esquema más amplio: el uso sistemático de falsas denuncias, el abuso de medidas cautelares sin pruebas y una justicia de familia que opera con sesgos ideológicos que desamparan a los más vulnerables.
Su denuncia busca no solo justicia en su caso, sino poner en evidencia un sistema que está fallando en su deber más básico: proteger a los menores y garantizar un juicio justo.
