Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola presentaron este martes su dictamen rechazando categóricamente el pedido de prisión domiciliaria para Cristina Kirchner. En un extenso documento dirigido al juez Jorge Gorini, los representantes del Ministerio Público Fiscal argumentaron que no existen razones humanitarias que justifiquen conceder esta medida excepcional a la expresidenta condenada por la causa Vialidad.
El eje central de la oposición fiscal se sustenta en la ausencia de problemas de salud graves que ameriten el beneficio. Según el dictamen, «no se encuentran configuradas ni esgrimidas razones de salud o razones personales que, vinculadas a la edad, permitan inferir que el encierro carcelario pueda afectar el derecho a un trato digno». Los fiscales destacaron que en el informe socio-ambiental realizado el 12 de junio, la propia Fernández manifestó encontrarse en buen estado de salud general.
Los argumentos de los fiscales contra Cristina
La dupla fiscal también desestimó los argumentos relacionados con la edad avanzada y las cuestiones de seguridad esgrimidos por la defensa de la presidenta del PJ nacional. Para fundamentar su posición, Luciani y Mola citaron precedentes jurisprudenciales, incluyendo el caso de Ricardo Jaime, exsecretario de Transporte condenado por corrupción, quien debió cumplir su condena en prisión efectiva pese a sus argumentos similares sobre edad y salud.
En caso de que el juez Gorini decida otorgar la prisión domiciliaria contra su recomendación, los fiscales establecieron una serie de condiciones estrictas que deberían cumplirse. Entre las principales exigencias figura el uso obligatorio de tobillera electrónica para monitoreo permanente, establecimiento de horarios fijos para visitas, restricción del consumo de bebidas alcohólicas en la vivienda donde cumpliría la pena, y notificación de cualquier cambio en el personal de custodia.
El dictamen fiscal representa un nuevo capítulo en la ofensiva judicial contra la expresidenta, quien debe presentarse en Comodoro Py antes de que venza el plazo de cinco días hábiles otorgado por el tribunal. La decisión final sobre la prisión domiciliaria quedará en manos del juez Gorini, quien deberá evaluar tanto los argumentos de la defensa como la férrea oposición del Ministerio Público Fiscal.
La posición de Luciani y Mola no sorprende, considerando que ambos fiscales ya habían solicitado anteriormente la detención inmediata de Kirchner, cuestionando incluso el plazo de cinco días otorgado por el tribunal para que se presente voluntariamente. En su momento, calificaron la pena de seis años como «insuficiente y desproporcionada frente al grave daño ocasionado» al erario público.
Ahora la pelota está en el campo del juez Gorini, quien deberá resolver si la exsenadora nacional cumple su condena en una unidad penitenciaria o en su departamento de Constitución bajo estrictas condiciones de monitoreo.
