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POLÍTICA

La Justicia ordenó la prisión domiciliaria a Cristina Kirchner y deberá usar tobillera electrónica

La ex presidente deberá cumplir con su condena en su domicilio en Constitución. A pesar de no tener de desplazarse a Comodoro Py, el peronismo ratificó la movilización masiva para el miércoles 18.

Cristina Kirchner

Tras una semana de especulaciones sobre el futuro de la ex presidente Cristina Kirchner por su condena a seis años de prisión por la causa Vialidad, el Tribunal Oral Federal 2 otorgó a la ex mandataria nacional la prisión domiciliaria a pedido de sus abogados defensores.

Así, la ex presidente de la Nación permanecerá detenida en su departamento en el barrio de Constitución, donde miles de militantes manifestaron su apoyo desde el pasado martes 10, cuando la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena. Según lo ordenado por el titular del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini, Cristina Kirchner deberá utilizar tobillera electrónica durante los seis años que dure su condena.

Asimismo, la dos veces presidente tendrá 48 horas hábiles para presentar una nómina con las personas que integren su grupo familiar, personal médico que la trate regularmente, abogados y custodia policial para poder acceder al domicilio sin la necesidad de una autorización judicial. Quienes no formen parte de esta lista, deberán pedir permiso a un tribunal.

Además, Gorini indicó a la ex mandataria que «deberá abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes«. La defensa de la titular del Partido Justicialista había solicitado la prisión domiciliaria al considerar la edad (72 años) y su seguridad, ya que fue víctima de un intento de atentado en septiembre de 2022 en la puerta de su casa en Recoleta.

El juez comunicó la decisión a Cristina a través de una videollamada con la intención de desarticular la movilización masiva organizada por distintos sectores del peronismo prevista para el miércoles 18 a Comodoro Py. Con este fallo se opuso al dictamen de los fiscales de Diego Luciani y Sergio Mola, que rechazaron el pedido de la defensa de la ex presidente y consideraron que «no era obligatorio otorgarle este beneficio«. «Su concesión no debe ser admitida automáticamente por la mera circunstancia de que la persona condenada esté incluida en alguno de los supuestos que enumera la ley», indicaron los fiscales.