Con fuertes cuestionamientos desde la oposición, el Gobierno enfrenta críticas por la reforma de la Policía Federal establecida en el Decreto 383/2025. Legisladores nacionales denunciaron que se otorgan nuevas atribuciones a la fuerza, como el ciberpatrullaje y las requisas sin orden judicial, en una norma que —según advierten— se dictó sin discusión parlamentaria ni límites institucionales.
La decisión del presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de avanzar en esta reforma sin pasar por el Congreso despertó fuertes críticas, principalmente desde Unión por la Patria (UxP) y sectores afines, que aseguran que se trata de una medida que “avanza sobre las libertades individuales”.
Críticas desde el kirchnerismo: «Una deriva autoritaria»
Uno de los principales voceros opositores fue el diputado José Glinski (UxP), exjefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y actual vicepresidente de la Comisión de Seguridad Interior. En declaraciones a El Destape, afirmó que “la norma legaliza lo que el Gobierno ya viene haciendo”, y advirtió que “sin control parlamentario, se avasalla el Poder Legislativo y Judicial”.
Glinski también apuntó contra la falta de debate legislativo: “Lo que buscan es conseguir mayores atribuciones de manera autoritaria. El decreto incluye artículos que afectan la seguridad interior y modifica funciones sin pasar por el Congreso”.
En la misma línea se expresó Leopoldo Moreau, quien sostuvo que la medida “confirma la deriva autoritaria del gobierno de Milei”. El diputado denunció también el contexto en que se dicta el decreto: “Esto quedó de manifiesto con la detención de Juan Grabois y el blindaje con vallas del Congreso en cada marcha”.
El nuevo marco de acción para la PFA
El decreto establece que la Policía Federal quedará abocada exclusivamente a la prevención e investigación de delitos federales y complejos, como narcotráfico, terrorismo, trata de personas y ciberdelitos. Además, elimina las funciones de la PFA en seguridad urbana dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cerrando definitivamente el proceso de transferencia iniciado en 2016.
Uno de los puntos más cuestionados por la oposición es el artículo 6, que permite a la fuerza federal actuar sin orden judicial en determinadas circunstancias. Para el oficialismo, se trata de una actualización necesaria para enfrentar delitos del siglo XXI con herramientas adecuadas. Para la oposición, una amenaza directa a las garantías constitucionales.
Acusaciones de «estado de sitio encubierto»
Desde el espacio Democracia para Siempre, la diputada Mariela Coletta sostuvo que “lejos de dar más libertad, cada vez que pueden limitan más las libertades de los argentinos”. En tanto, su compañero de bancada Fernando Carbajal aseguró que “el Gobierno ha establecido un virtual estado de sitio. Detenciones policiales sin control. Se consolida día a día el Estado autoritario”.
La diputada Margarita Stolbizer también cuestionó la reforma: “Habilita a la Policía Federal a detener personas sin orden judicial, sólo por lo que publican, lo que visten o si participan de una manifestación. No es orden ni libertad, es persecución”.
Una reforma amparada por la Ley Bases
Desde el oficialismo sostienen que el decreto se dictó en el marco de las facultades delegadas por la Ley Bases recientemente aprobada por el Congreso. Según voceros del Ministerio de Seguridad, la medida apunta a “modernizar” la fuerza y dotarla de herramientas eficaces para enfrentar delitos complejos.
Además, destacan que el nuevo esquema busca liberar a la PFA de tareas jurisdiccionales que hoy corresponden a las policías provinciales o a la Policía de la Ciudad, permitiendo su despliegue en investigaciones de mayor escala, con coordinación federal.
A pesar del rechazo opositor, el Gobierno no prevé dar marcha atrás. En Casa Rosada consideran que se trata de un paso clave dentro de la política de seguridad que impulsa Bullrich, y una señal clara hacia el crimen organizado: el Estado va a recuperar el control.
