Luego de que la Oficina Anticorrupción (OA) desligara de responsabilidades al presidente Javier Milei por su participación en la difusión de la memecoin Libra, el senador radical Pablo Blanco presentó un proyecto de ley que busca cambiar de raíz el funcionamiento del organismo. La iniciativa propone que la OA sea un ente autónomo, con autarquía financiera y libre de injerencias del Poder Ejecutivo.
La propuesta legislativa, impulsada desde Tierra del Fuego, establece la creación de una nueva Oficina Anticorrupción independiente, cuya autoridad máxima será designada por el Poder Ejecutivo, pero a través de un concurso público de antecedentes y oposición. Además, el cargo tendrá una duración de cinco años, y su titular no podrá recibir instrucciones de ningún otro poder.
“La falta de independencia funcional y financiera provocó que muchas investigaciones quedaran congeladas o directamente desactivadas”, argumentó Blanco en los fundamentos del texto.
Según el proyecto, la OA tendría competencia sobre toda la Administración Pública Nacional, tanto centralizada como descentralizada, así como también sobre empresas y entes mixtos con participación estatal o financiación pública.
El senador fueguino también apuntó contra la estructura actual del organismo, que depende directamente del Ministerio de Justicia, hoy conducido por Mariano Cúneo Libarona. A su criterio, esa subordinación “vuelve vulnerable” a la OA frente a los mismos funcionarios que debería controlar.
Criptogate y redes sociales: el punto de quiebre
El proyecto surge en medio de las secuelas políticas del llamado Criptogate, un escándalo que involucró al presidente y a su hermana, la secretaria general Karina Milei, por la promoción de una criptomoneda asociada al eslogan de campaña «Viva la Libertad». A pesar de las denuncias, la OA concluyó, en una resolución firmada el 5 de junio, que Milei no violó la Ley de Ética Pública, al entender que su participación fue en calidad de ciudadano y no como jefe de Estado.
No obstante, Blanco fue categórico: “No se puede permitir que los funcionarios usen sus redes personales para avalar proyectos privados que podrían interpretarse como parte de su función pública”. Por eso, además del proyecto de autonomía, propone una modificación a la Ley 25.188 de Ética Pública, incorporando límites explícitos al uso de redes sociales por parte de funcionarios nacionales.
La discusión no solo gira en torno al caso Libra: en el Congreso hay preocupación por la confusión entre lo público y lo privado en el ejercicio de la función, un terreno en el que la ética estatal parece no tener reglas claras.
Mientras tanto, la Justicia Federal continúa con la investigación sobre el posible uso indebido de influencia presidencial en favor de una criptomoneda que terminó desplomándose y afectando a miles de pequeños inverso.
