El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, confirmó este lunes que el Poder Ejecutivo aceptó la renuncia del juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, quien está imputado en una causa por delitos de extrema gravedad. La decisión implica la pérdida de fueros judiciales y habilita la ejecución de la prisión preventiva, previamente ordenada por el Juzgado Federal N° 4 de Rosario y ratificada por la Cámara Federal de Apelaciones.
Según precisó Cúneo Libarona, el ex magistrado está imputado por extorsión, concusión, prevaricato, abuso de autoridad, falsedad ideológica, allanamiento ilegal e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en una causa que ya ha generado conmoción en el sistema judicial rosarino y nacional.
Desde el Ministerio de Justicia, el secretario Sebastián Amerio fue contundente al marcar la postura del Gobierno: “No hay intocables. Nuestro compromiso con la restauración moral y ética de la República es total”. En línea con el discurso de Javier Milei, remarcó que “estamos llevando adelante una reforma profunda y estructural de la Justicia que permitirá que los delincuentes vayan presos”.
Uno de los puntos que genera mayor expectativa en el caso es la posibilidad de que Marcelo Bailaque pierda su jubilación de privilegio, en caso de ser condenado. Amerio aclaró que, según el artículo 19 del Código Penal, una inhabilitación absoluta por parte del tribunal interviniente podría anular el derecho del ex juez a percibir ese beneficio vitalicio.
La causa contra Bailaque se suma a otros escándalos que alimentan la demanda de una reforma judicial profunda, una bandera que el oficialismo ha abrazado desde el inicio del mandato de Milei. La gravedad de los delitos atribuidos y la implicancia de un juez federal en presuntas redes de corrupción y vínculos con el narcotráfico representan un golpe directo a la credibilidad del sistema judicial en una de las zonas más críticas del país en materia de seguridad.
Con la renuncia ya aceptada, el camino queda despejado para que la Justicia avance sin restricciones sobre un caso que promete dejar nuevas derivaciones políticas y judiciales.
