El reciente fallo de la Justicia de Estados Unidos que ordena al Estado argentino entregar el 51% de las acciones de YPF a los demandantes del juicio por su expropiación sigue generando repercusiones. En diálogo con Eduardo Feinmann, el exministro de Energía Juan José Aranguren analizó las consecuencias del proceso judicial y no ahorró críticas al kirchnerismo y, en particular, al actual gobernador bonaerense Axel Kicillof.
Durante su paso por Radio Mitre, Aranguren afirmó que esta decisión judicial es “la crónica de una muerte anunciada”, ya que el Estado argentino no negoció de forma adecuada con los demandantes para evitar la ejecución de la condena, que asciende a 16.100 millones de dólares. “Lo nuevo es que la jueza dispone de las acciones de la empresa porque el demandado no cumplió con las instancias previas”, explicó.
El exfuncionario de Mauricio Macri fue más allá y recordó que el estatuto de YPF debía cumplirse estrictamente: “Más allá de las defensas de Kicillof, hay que recordar que la privatización de los 90 se hizo bajo la ley de Nueva York para atraer inversiones. No cumplir con eso fue una torpeza legal gravísima”, señaló.
Aranguren también arrojó cifras contundentes sobre la gestión de la petrolera antes de su expropiación: “Entre 2008 y 2011, YPF tuvo una ganancia neta de 4.900 millones de dólares. ¿Sabe cuánto se repartió en dividendos? 6.900 millones. Eso es el 141% de sus ganancias, una locura para una empresa capital intensivo como una petrolera”, denunció.
Además, aseguró que “la caída de la producción fue estrepitosa: 28% menos de gas, 22% menos de petróleo. ¿De qué vaciamiento hablan? Los verdaderos responsables fueron quienes no supieron gestionar”.
Sobre el futuro del caso, Aranguren advirtió que la ejecución del fallo pone en peligro la estabilidad jurídica y la reputación del país en los mercados internacionales: “El Estado no puede entregar las acciones por una ley nacional que lo impide, pero eso no evita que el daño reputacional ya esté hecho”, concluyó.
El caso YPF, lejos de cerrarse, promete ser un campo de batalla judicial, político y económico. Para Aranguren, el fallo es solo el resultado de una serie de decisiones erradas que comenzaron hace más de una década.
