El gobernador bonaerense Axel Kicillof cargó nuevamente contra el presidente Javier Milei por el reciente fallo de la justicia de Estados Unidos en el juicio por la expropiación de YPF y lo acusó de tener vínculos con el fondo buitre Burford. Luego de que se dictara el fallo contra la Argentina, el presidente recriminó a Kicillof el proceso de estatización de la compañía en 2012 e informó que el Gobierno buscaría apelar a la decisión de la Corte.
Desde la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Kicillof brindó una conferencia de prensa para profundizar el la expropiación de la compañía petrolera que se realizó durante su tiempo en el Ministerio de Economía. «La privatización en la década del ’90 fue una verdadera desgracia para YPF, la Argentina y las posibilidades de desarrollo en el país«, afirmó el mandatario provincial.
Según el ex ministro de Economía de Cristina Kirchner, la privatización de YPF «convirtió a Argentina en un país deficitario en términos energéticos«. «Sin la expropiación de YPF, no tendríamos Vaca Muerta ni tampoco hubiéramos recuperado la producción de hidrocarburos en Argentina», afirmó Kicillof y aseguró que la intención detrás de la medida era «poner a funcionar la empresa a favor de los intereses nacionales que estaban siendo mancillados por la gestión de Repsol».
En otro tramo de la conferencia, el gobernador se refirió a las críticas que recibió por parte del presidente Javier Milei, quien lo culpó por el fallo que obligará al Estado Argentino a entregar el 51% de las acciones de YPF a fondos buitre. Kicillof rechazó el fallo elevado por la jueza neoyorquina Loretta Preska e insinuó que el presidente argentino podría tener vínculos con el fondo Burford, principal beneficiario del fallo.
«Vamos a iniciar una investigación, porque se sabe que Milei y su gobierno tienen vínculos con los representantes de ese fondo buitre. No lo podemos afirmar todavía, por eso vamos a investigarlo«, adelantó el mandatario. En la misma línea, aseguró que los dichos del presidente tras el fallo «atacan la soberanía nacional» y sus decisiones «pueden poner en riesgo YPF».
