La Cámara Federal de Casación Penal revisará en los próximos días dos aspectos clave de la situación judicial de Cristina Kirchner: su arresto domiciliario y la colocación de una tobillera electrónica. Así lo resolvió el Tribunal Oral Federal 2, que habilitó las apelaciones tanto del fiscal Diego Luciani como del abogado defensor Carlos Beraldi.
La fiscalía reclama que la expresidenta cumpla su condena por la causa Vialidad en una cárcel común, mientras que la defensa cuestiona el uso del dispositivo de monitoreo electrónico en su departamento del barrio porteño de Constitución. Ambos planteos ya están en condiciones de ser analizados por la Sala IV de Casación, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos.
El debate se suma a otro pedido en estudio por Casación: una apelación presentada por la defensa contra las restricciones impuestas al régimen de visitas de la expresidenta de la Nación. Para ese planteo ya hay una audiencia fijada para el próximo lunes 7 de julio, informaron fuentes judiciales a la agencia NA.
La defensa de la exvicepresidenta de la Nación insiste en que la resolución que habilitó la colocación de la tobillera electrónica contiene una interpretación errónea de la normativa vigente, en particular del artículo 33 de la Ley de Ejecución Penal. Aseguran que no se cumplen los requisitos legales para aplicar ese tipo de control en su caso.
Del lado del Ministerio Público Fiscal, Luciani sostiene que no corresponde mantener el beneficio de la prisión domiciliaria y pide que la dirigente peronista sea trasladada a un establecimiento penitenciario para cumplir su condena de 6 años por administración fraudulenta.
La Justicia analiza la visita de Lula da Silva a la casa de Cristina
En paralelo, el TOF2 también debe decidir si autoriza una visita solicitada por el presidente de Brasil, Lula Da Silva, quien manifestó su intención de ver a Cristina Kirchner en su lugar de detención. La solicitud fue presentada formalmente por la defensa de la ex mandataria.
Los jueces del tribunal oral, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, ya dieron luz verde a ambas apelaciones. Ahora será la Cámara de Casación la que deberá resolver si confirma o revoca las condiciones de detención de la actual presidenta del PJ nacional en una etapa judicial que promete ser decisiva.
