En medio de la tensión diplomática y financiera por el fallo de la Justicia estadounidense que obliga a la Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF, el ex procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Balbín, salió al cruce de la jueza Loretta Preska y puso en duda la validez legal de la resolución.
“La jueza no tiene competencia ni potestad para ejecutar la decisión”, afirmó Balbín, al asegurar que ni siquiera las leyes norteamericanas habilitan el embargo de bienes pertenecientes a un Estado soberano extranjero. La declaración fue realizada en una entrevista con Radio Rivadavia, donde el exfuncionario del gobierno de Mauricio Macri sorprendió al alinearse parcialmente con la postura actual del oficialismo.
Para Balbín, las acciones de YPF están en territorio argentino y no podrían ser tocadas por la magistrada, por lo que el fallo que habilita su embargo carecería de aplicación práctica. “Se trata de bienes de la República Argentina que no se encuentran en Nueva York sino en el Estado argentino”, subrayó.
A su vez, respaldó la estrategia jurídica del Gobierno: “La decisión de no cumplir con la sentencia y apelar es correcta”. En un giro inesperado, también reivindicó el proceso de expropiación de YPF llevado adelante en 2012 durante la presidencia de Cristina Kirchner: “Desde el punto de vista jurídico la decisión fue correcta, más allá de lo político”, indicó.
Según Balbín, la expropiación se ajustó a la Constitución Nacional y a las leyes vigentes, que facultan al Estado a tomar el control de empresas estratégicas siempre que exista una ley previa y se pague una indemnización.
Sin embargo, aclaró que lo que se discute hoy en los tribunales estadounidenses no es la legalidad de esa expropiación sino la supuesta falta de compensación, aunque insistió en que lo central es “la falta de competencia de la jueza norteamericana”.
Para cerrar, enfatizó que no hubo prórroga de jurisdicción en este caso, a diferencia de lo que ocurre con los bonos de deuda externa, y por eso consideró inválido que una corte extranjera se arrogue facultades para fallar sobre el patrimonio de un Estado soberano.
