Uno de los abogados más cercanos al presidente estadounidense Donald Trump representa a la Argentina en uno de los juicios más costosos de su historia. Se trata de Robert Joseph Giuffra Jr., socio principal del prestigioso estudio Sullivan & Cromwell, quien encabeza la defensa legal del Estado nacional en la causa por la estatización del 51% de YPF. Sus honorarios, según documentos oficiales, alcanzan los 1.798 dólares por hora trabajada.
La contratación de Giuffra, figura central en la defensa de Trump en la causa por el pago oculto a Stormy Daniels, expone el elevado costo de la estrategia legal adoptada por la Argentina en Nueva York. Junto a su equipo, el abogado cobra tarifas que van desde los 361 hasta casi 1.800 dólares la hora, según su rol jerárquico. El bufete emite las facturas a la Procuración del Tesoro, que debe afrontar el gasto millonario mientras el Estado se enfrenta a una sentencia adversa de US$ 16.100 millones más intereses.
Una figura con vínculos directos en la justicia de EE.UU.
El nombre de Giuffra no es ajeno a los pasillos judiciales del Distrito Sur de Nueva York. Exasesor de la Corte Suprema de EE.UU., trabajó con gigantes como Volkswagen, Audi, Fiat y el holding Techint, a través de su filial Tenaris. Su historial lo convirtió en un operador influyente, con acceso directo a figuras clave del sistema legal estadounidense. Se define como cercano a la jueza Loretta Preska, heredera del juez Thomas Griesa, y a quien enfrenta en el juicio por YPF. Sin embargo, esa supuesta relación no ha rendido frutos: hasta ahora, todas las resoluciones de Preska fueron adversas a la Argentina.
La trayectoria de Giuffra también incluye su reciente intervención como abogado de Trump en la apelación de la condena por pagos ilegales durante la campaña de 2016. Es, además, el puente que une al expresidente con otros estudios jurídicos de renombre, como Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP, según reportaron Bloomberg y el Wall Street Journal.
El costo del prestigio: casi 2.000 dólares por hora
Los honorarios del equipo legal que defiende a la Argentina fueron oficializados por el Ministerio de Economía en 2021 mediante la Resolución 551, y desde entonces se ajustaron al alza. En junio de 2024, las tarifas actualizadas indicaban que el propio Giuffra cobraba 1.798 dólares la hora, mientras que otros socios y asociados percibían cifras que oscilaban entre los 1.673 y los 361 dólares.
La lista incluye niveles jerárquicos como “asesor legal especial”, “abogado visitante”, “asociado de verano” o incluso “bibliotecario de investigación”, todos con tarifas por encima del promedio de cualquier estudio en Latinoamérica. Desde el entorno del Gobierno reconocen que se trata de «valores de mercado» para la plaza neoyorquina, una de las más costosas del planeta en términos de servicios jurídicos.
Una defensa sin resultados y un fallo millonario en curso
Pese a los esfuerzos, el desempeño de Sullivan & Cromwell no ha conseguido revertir el rumbo del proceso. En septiembre de 2023, Preska emitió el fallo de fondo contra la Argentina, que implica el pago de US$ 16.100 millones, con intereses que acumulan US$ 2,5 millones diarios desde entonces. A la fecha, esa cifra ya superó los 1.500 millones de dólares en recargos.
El Gobierno apeló ese fallo, pero también fue notificado recientemente de una decisión aún más grave: la jueza ordenó utilizar el 51% de las acciones de YPF como garantía de pago, frente a la negativa argentina de presentar fondos líquidos. Esa decisión también se apelará, pero por ahora la condena sigue firme.
Burford, el fondo buitre que compró el juicio por US$ 17 millones
El caso se remonta a la estatización de YPF en 2012, cuando el gobierno de Cristina Kirchner expropió la participación de Repsol sin lanzar una oferta pública de adquisición para el resto de los accionistas, como indicaba el estatuto de la compañía. Fue ese paso el que detonó una serie de demandas internacionales, una de las cuales quedó en manos del fondo Burford Capital, que compró los derechos litigiosos de las empresas Petersen Energía, Petersen Energía Inversora (de la familia Eskenazi) y Eton Park por apenas US$ 17 millones.
Hoy, Burford busca negociar una salida extrajudicial con la Argentina, pero el Gobierno no ha dado señales de apertura a esa posibilidad. La estrategia, hasta el momento, se mantiene en el plano judicial, con la esperanza de que alguna instancia superior revierta el curso del proceso. Sin embargo, los antecedentes no son alentadores.
Un juicio heredado y un costo político millonario
Desde el entorno del oficialismo remarcan que el litigio por YPF es herencia directa del kirchnerismo, que ejecutó la estatización sin el debido marco jurídico. La omisión de lanzar una OPA (Oferta Pública de Adquisición) fue considerada por la justicia norteamericana como una violación al estatuto de la compañía, cuya sede legal está en Delaware, EE.UU.
Hoy, ese error se traduce en un juicio millonario, una condena en firme y un costo legal creciente que se paga con fondos públicos. Mientras Giuffra Jr. factura a razón de casi 2.000 dólares por hora, la Argentina sigue acumulando intereses que engrosan una de las deudas judiciales más abultadas de su historia.
