Con el objetivo de “incentivar la formalización económica”, el Gobierno nacional presentó en la Cámara de Diputados el proyecto de «Ley de Principio de Inocencia Fiscal», una ambiciosa reforma que modifica el Régimen Penal Tributario, acorta plazos de prescripción y facilita el uso de fondos no declarados sin consecuencias penales.
La iniciativa, informó NA, que ya comenzó a generar debates, eleva drásticamente los montos a partir de los cuales se puede investigar por evasión. En el caso de evasión simple, el piso pasa de $1.500.000 a $100 millones, y para que se considere evasión agravada, el mínimo se dispara a $1.000 millones.
Además, se acorta el tiempo que tiene el fisco para reclamar deudas: de cinco a tres años en materia tributaria, y de diez a cinco años en lo relativo a aportes de seguridad social y obras sociales.
Una de las medidas más llamativas es que la flamante Administración Federal de Ingresos Públicos (ARCA) no iniciará acciones penales si el contribuyente cancela sus deudas y paga los intereses correspondientes. Este beneficio sólo podrá utilizarse una vez y, si aún no hay denuncia, se podrá extinguir la acción penal abonando un 50% adicional dentro de los 30 días hábiles de la imputación.
En paralelo, el Gobierno propone la creación de un “Régimen Simplificado de Ganancias” con características inéditas: quienes adhieran quedarán eximidos de justificar su patrimonio y sus consumos, y solo tributarán sobre ingresos facturados. Es decir, se termina el control sobre el crecimiento patrimonial, y la base imponible se ajustará por deducción directa de los consumos.
Este régimen, que tendrá un tope patrimonial de hasta $10.000 millones, es presentado como una forma de “dar previsibilidad y paz fiscal permanente” a quienes cumplan.
El artículo 39 del proyecto establece que si se acepta la declaración jurada emitida por ARCA y se paga en término, el contribuyente queda liberado de responsabilidad fiscal, salvo que se descubran omisiones de ingresos.
Como parte de la reforma estructural, se busca también unificar los plazos de prescripción en todo el país —incluyendo provincias, municipios y CABA—, subordinándolos a lo establecido por la Ley Nacional de Procedimiento Fiscal, lo que significa una fuerte quita de autonomía a los fiscos locales.
Mientras que el Gobierno lo defiende como un “marco moderno y eficiente” para ordenar el sistema tributario, sectores críticos advierten que podría convertirse en una amnistía encubierta para grandes evasores, y promover la informalidad en lugar de combatirla.
El debate legislativo ya comenzó y promete ser caliente. La oposición analiza presentar objeciones ante lo que consideran “una ley hecha a medida de los poderosos”, mientras el oficialismo insiste en que es un paso clave hacia la modernización del Estado y la seguridad jurídica para los contribuyentes.
