El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto, referente de Encuentro Federal, lanzó un enfático mensaje durante la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados, tras conocerse el nuevo fallo de la jueza Loretta Preska, quien ordenó a la Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF al fondo buitre Brainbridge, como parte del pago por un juicio vinculado a la deuda en default.
“Es importante lo que haga y diga el Congreso. Muchas veces videos del Congreso se ponen como prueba en los tribunales de Nueva York”, advirtió Pichetto, al tiempo que anticipó que impulsará una ratificación legislativa del artículo 10 de la Ley de Expropiación.
Según explicó, ese artículo establece que “para hacer uso de esas acciones se requiere una ley con dos tercios de ambas cámaras”, lo que bloquearía cualquier intento de ejecución sin el aval del Parlamento.
“La historia hay que comprenderla y entenderla”
El legislador planteó que la expropiación de YPF, en 2012, fue una decisión política avalada con mayorías aplastantes en el Congreso, y que respondió a un contexto económico muy particular.
“La Ley de Expropiación estaba fundada en la desinversión que estaba haciendo Repsol, que estaba invirtiendo en otros países. Argentina importaba combustible por 10 mil millones de dólares, y empezaba a vislumbrarse Vaca Muerta como un proyecto estratégico”, argumentó.
“El control del 51% fue una decisión de Estado. Hay que analizar el pasado con visión inteligente, no con oportunismo judicial o financiero. La historia hay que comprenderla y entenderla”, sostuvo.
“Las acciones de YPF son parte de la soberanía”
Pichetto fue tajante al rechazar el avance del poder judicial estadounidense sobre una empresa con control estatal argentino:
“Estamos dispuestos, seriamente, a presentar un proyecto que ratifique que el Congreso argentino entiende que estas acciones hacen a la soberanía. El marco de la ley no puede ser vulnerado”.
La decisión de Preska, conocida este lunes, indica que Argentina debe entregar sus acciones a Brainbridge, beneficiario de una sentencia por 95 millones de dólares más intereses. Según el analista Sebastián Maril, la medida está relacionada con una causa separada por deuda soberana en default.
Pero Pichetto dejó claro que el Congreso debe ser parte activa de esta discusión:
“Nosotros vamos a defender las instituciones. YPF representa una política de desarrollo energético que hoy también le sirve a este Gobierno. No podemos dejar que la entreguen con una firma extranjera”, advirtió.
El debate promete escalar en los próximos días, mientras se espera que el oficialismo y sectores opositores definan su postura respecto a un eventual proyecto de ratificación parlamentaria, que podría tensar aún más la relación entre el Gobierno argentino y los tribunales del exterior.
