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POLÍTICA

Gobernadores se unen contra el Gobierno y buscan cambiar la coparticipación

La propuesta fue formalmente presentada en el Senado por legisladores del PJ, la UCR y bloques provinciales, en un intento por recuperar recursos que consideran esenciales.

Javier Milei
La imagen de Javier Milei atraviesa su peor momento, con un 58% de rechazo. El escándalo cripto impactó al oficialismo y a gobernadores aliados.

En un gesto de unidad política poco habitual, gobernadores de distintos signos políticos impulsaron dos proyectos de ley que buscan reformar el sistema de coparticipación de impuestos a los combustibles y de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La propuesta fue formalmente presentada en el Senado por legisladores del PJ, la UCR y bloques provinciales, en un intento por recuperar recursos que consideran esenciales para las finanzas de sus distritos y en un claro golpe al Gobierno.

Las iniciativas fueron presentadas el miércoles por la noche con el respaldo de figuras clave en la Cámara Alta. Firmaron los proyectos José Mayans y Juliana Di Tullio por el peronismo, Eduardo Vischi por la UCR, y Carlos “Camau” Espínola, referente del bloque Provincias Unidas. El objetivo común es avanzar con celeridad en las comisiones de Coparticipación y Presupuesto.

En ese marco, los mandatarios provinciales argumentan que el actual esquema limita su autonomía financiera y perjudica la distribución equitativa de los recursos. De esa manera, buscan modificar de fondo la lógica con la que el Estado nacional administra estos fondos.

Reforma de impuestos a los combustibles y redistribución de ATN

El primero de los proyectos presentados propone una reconfiguración del impuesto a los combustibles. Plantea eliminar los fondos fiduciarios que actualmente se financian con este tributo. En su lugar, se establece una nueva fórmula de reparto: el 14,29% para el Tesoro Nacional, el 52,02% para las provincias y el 28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social.

En cuanto a la distribución dentro del bloque provincial, el texto estipula que el 25% se reparta de forma equitativa entre todas las jurisdicciones. El 75% restante se distribuiría según los índices establecidos por la ley de coparticipación.

El segundo proyecto apunta a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), recursos que suelen destinarse de manera discrecional por parte del Gobierno nacional. La propuesta busca modificar la ley de Presupuesto para que estos fondos pasen a formar parte de la masa coparticipable. Bajo ese esquema, se distribuirían de forma automática y diaria entre las provincias, siguiendo el mismo criterio que la coparticipación general.

Reacciones y contexto político

El avance de estos proyectos se da en un contexto de creciente tensión entre las provincias y la administración nacional. Varios gobernadores han denunciado recortes en las transferencias discrecionales y la eliminación de fondos específicos, como los destinados al transporte y la educación.

En ese sentido, la ofensiva legislativa representa una estrategia conjunta para blindar financieramente a las provincias y reducir su dependencia del Ejecutivo. Aunque el oficialismo aún no se pronunció formalmente, se anticipa un fuerte debate político en el Congreso.

Estas reformas podrían modificar de manera sustancial la arquitectura fiscal del país. De ser aprobadas, limitarían la capacidad del Gobierno nacional para utilizar los recursos como herramienta de negociación política. Asimismo, otorgarían mayor previsibilidad y autonomía a las administraciones provinciales.